"La Justicia provincial de Córdoba investiga otra estafa piramidal. Pero en este caso, con una particularidad: articulada en el interior de la Policía provincial".
El 8 de marzo último, Cadena 3 anticipada de esta manera el comienzo más visible de una historia judicial inédita no sólo en Córdoba sino en todo el país: policías moviendo millones de pesos de manera ilegal en las narices de la propia Policía.
Por las características similares a la megaestafa urdida en torno a la firma Zoe, según se investiga, pronto esta causa fue llamada como "el Zoe Azul": uniformes manchados de dinero.
Si bien no hay en las investigaciones puntos en contacto entre las dos investigaciones, las coincidencias no sólo se quedan en los millones de pesos que han ido desapareciendo en forma de una estafa piramidal, sino que los dos principales imputados comparten el mismo abogado.
Guillermo Dragotto defiende a Leonardo Cositorto, recientemente extraditado desde República Dominicana, y a la abogada María Eugenia Zulberti, una expolicía detenida desde el pasado 8 de marzo sindicada por el fiscal José Mana como uno de los presuntos cerebros detrás del Zoe Azul.
En términos simples, se investiga una defraudación millonaria en forma de pirámide: un grupo de personas que le ofrecían a los policías jugosos intereses mensuales si "invertían" con ellos. O sea, los policías debían dejar una suma importante de pesos o dólares y comenzaban a percibir intereses. Y, al mismo tiempo, comenzaban a llamar a otros policías o familiares, por lo que la masa de "inversores" comenzó a aumentar de manera significativa.
En los dos primeros meses los organizadores cumplían y pagaban los intereses prometidos. Los "inversores" se emocionaban y buscaban aportar más dinero o atraer a más personas. Pero luego, los pagos comenzaban a postergarse de manera cíclica, siempre de acuerdo a lo que se investiga.
"Hay policías que vendieron sus vehículos o otros objetos de valor, hasta una casa, para poner su dinero ahí", acotó una fuente judicial.
Hasta ahora, hay cerca de 100 denunciantes, en su gran mayoría policías en actividad. Se estima que esta actividad nació al menos en 2019 y que el monto del dinero reclamado superaría el millón de dólares, según confirmó la secretaria del fiscal, María José López.
Son 12 los detenidos: la abogada Zulberti (una expolicía); el licenciado en matemáticas Aldo Daniel Moreno; el comisario y jefe de Logística de Transporte de Investigaciones, Héctor Juncos, un hermano también policía, el oficial Luciano Juncos, y el padre de ellos, el sargento ayudante retirado Héctor Hugo Juncos; los hermanos Mariano Buceta, Guadalupe Buceta y Leticia Buceta (todos policías, hijos de Mirta Graciela "la Cuca" Antón y Raúl Buceta, vinculados al temible grupo parapolicial del D2 que perpetró delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar); el subcomisario Federico Barrionuevo, uno de los jefes de la comisaría 9ª de la Castro Barros; el sargento Lucas Torres, también de Transporte; el sargento Jorge Luis Díaz (trabajaba en el Repracor) y el sargento Gonzalo José Ruffino.
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La semana pasada, comenzaron las indagatorias. El viernes, se debió suspender la de Zulberti, ya que hubo un principio de incendio en un sector de la cárcel de Bouwer. Se estima que esta semana termine este trámite judicial.
Según trascendió, hasta ahora el único que pidió hablar fue el subcomisario Barrionuevo.
Pese a estar detenido, imputado y en situación pasiva, este jefe policial acaba de ser ratificado en su puesto mediante una circular interna de la Jefatura, algo que ha llamado bastante la atención.
Quienes lo conocen de cerca aseguran que Barrionuevo pasa casi todo su encierro hablando por teléfono. A intentado generar diversos puentes para llegar a los escalafones más altos de la Jefatura de la Policía. Los informantes aseguran que este subcomisario ya encomendó un "mensaje" hacia los principales sillones de la fuerza. Por ahora, su contendido está guardado bajo siete llaves.
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Pero el dato no deja de alimentar los rumores que jaquean a esta investigación desde que salió a la luz pública en marzo: ¿cómo es que ninguna autoridad se había percatado antes?
La estafa, se presume, comenzó allá por 2019 y se realizaba allí mismo, en las propias bases policiales, en horario de trabajo, a la vista y oído de todos. Era un secreto a gritos. Tomar dinero a cambio de suculentos intereses.
Barrionuevo asegura que él había denunciado en otra fiscalía al Zoe Azul en octubre del año pasado.
Cuando lo allanaron en su casa, no sólo le secuestraron una máquina de contar billetes, sino que un vecino acercó tres celulares que habían volado a su patio dentro de una media.
“En vedad que es una verdadera asociación ilícita integrada por contadores, abogados y algunos facilitadores infiltrados en la fuerza”, dijo semanas atrás el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera a Cadena 3. “Lo que hay mayoritariamente son víctimas policías. Se han servido de esto porque el policía termina siendo una presa fácil”, agregó en lo que terminó por ser, hasta ahora, la única declaración oficial con respecto a este espinoso tema.
La frase del ministro generó mucho ruido tanto adentro como afuera de Jefatura. ¿Cómo es que las personas que supuestamente tienen que estar mejor preparadas para detectar estafas terminan por ser presas fáciles de estas maniobras?
El Zoe Azul tiene, un mes después de los primeros allanamientos, varios secretos aún guardados. Puntos suspensivos que generan suspicacias y enormes signos de interrogación sobre la propia Jefatura.
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Cuando el fiscal Mana ordenó allanar la Central policial el pasado 25 de marzo, el operativo generó una doble lectura: no sólo que todo se produjo en las narices de la misma Policía, sino también que la Justicia le dejó un mensaje evidente a las autoridades policiales.
Desde entonces, un rumor comenzó a recorrer Tribunales 2: la intención de algunos de apartar al fiscal Mana con la excusa de que se trataba de una investigación "compleja", denominación que tiene sus propias fiscalías. La idea desnuda el temor de que el "Zoe Azul" continúe escalando. Por ahora, no pasó de un comentario de pasillo. Pero el mensaje ya se desparramó.
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Policiales ilustrados
Producción periodística: Juan Federico.
Producción artística: Nicolás Sánchez.
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Dirección general: Sergio Suppo.
