Parece una de aquellas viejas comedias de enredos. Sale una diputada de atrás de las bambalinas y dice que el Estado tiene que quedarse con empresas cuyos empleados recibieron un subsidio. Después aparece una senadora y arenga a volver a las Juntas Nacionales de Granos. Un escritor se indigna porque sobre el Paraná hay 14 puertos privados. Se abre una puerta y salta Gabriel Mariotto diciendo que está harto de ser moderado y que quiere que los servicios públicos vuelvan a ser manejados en forma directa por el Estado, como cuando nos quedamos sin luz, ni agua, ni correo, ni teléfonos en la exitosa década de 1980.
Pero, al final de la obra, no sucede nada de eso. Al contrario: la comedia termina con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, manejado por el buenazo de Daniel Arroyo, privatizando una parte aún mayor del asistencialismo estatal.
En efecto, según cuenta La Nación, Desarrollo Social ha decidido delegar en las orgas piqueteras (“movimientos sociales”, ordena llamarlas la Policía del Pensamiento) la compra de alimentos para los comedores comunitarios que ellas mismas manejan.
El Estado ya ni sabe
Los motivos son varios:
Uno, es que el Estado argentino -el mismo que “te salva”- ya no sabe siquiera repartir. Hace muchos años que el asistencialismo se viene tercerizando.
Otro, es que Desarrollo Social no consigue comprar los alimentos que debe repartir a los precios ridículos de alimentos que fijaron los burócratas de al lado, en la Secretaría de Comercio Interior. Las licitaciones quedan desiertas una atrás de la otra.
Al tercer motivo nadie lo dice, pero todos lo saben. Apropiarse de las partidas presupuestarias asistenciales del Estado es la mejor manera de financiar a partidos políticos, mitad de izquierda y mitad kirchneristas, en los barrios pobres. Así que la pelea por quedarse con esa plata es feroz. Se reparte según la cara del cliente, si es aliado político o si tiene capacidad para cortar la 9 de Julio. En las provincias pasa igual. De hecho, las denuncias que barrieron a una quincena de funcionarios de Arroyo fueron, entre otras cosas, una pelea por la caja, en un Ministerio que está loteado entre intendentes del conurbano, kirchneristas y piqueteros. Allí, la puja por el poder importa infinitamente más que los pobres.
No a la privatización (ajena)
La consecuencia es que los que hablan todo el tiempo de “el Estado presente”, los que amenazan estatizar todo, terminan apropiándose de él. Y al final de la obra nos damos cuenta de lo que ya habíamos aprendido con la extraña venta del 25% de Repsol al grupo Petersen o con el intento de quedarse con la fábrica de billetes Ciccone: no les molestan las privatizaciones; les molesta no quedarse ellos con esas porciones del Estado.
El menemismo al menos hacía licitaciones. Acá, ni eso.
En Desarrollo Social aclaran, off the record, que esto no sólo irá a “movimientos sociales”, sino también a iglesias y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). ¿Y cuál es la diferencia? ¿No era que estábamos por la separación Iglesia/Estado? ¿No era que las ONG eran la avanzada del neoliberalismo sustituidor del Estado?
¿Dónde están las licitaciones que validen esta transferencia de fondos públicos a bolsillos privados? ¿Cuáles son las metas que tienen que cubrir los traficantes de la ayuda estatal? ¿Dónde están las rendiciones de cuentas?
Desde hace años el Estado engorda cada vez más los cofres de todo este aparato privado que mama la teta sin concursos de precios. Reciben fondos para comedores, para merenderos, para los insumos de sus cooperativas de trabajo, para los sueldos de sus cooperativas de trabajo y/o para que el Estado compre lo que después producen sus cooperativas de trabajo.
Se ve que nada de todo eso funciona muy bien: la pobreza no puede atribuirse sólo a este aparatazo, pero lo cierto es que mientras este conglomerado industrial de la miseria no ha dejado de crecer en estos 20 años la pobreza ha mantenido una firme tendencia al alza.
Si lo pensás bien, es lógico: si subsidiás la pobreza, vas a terminar teniendo más pobreza. Como con cualquier cosa que subsidies. Es un incentivo perverso.
El triple que Edenor, pero sin ente regulador
La opacidad, la vaguedad y la ambigüedad estadística del asistencialismo estatal es proverbial. Los funcionarios parecen hacer estimaciones al voleo. Dicen, por ejemplo, que ya son 11 millones los argentinos que se alimentan en comedores populares. ¿Uno de cada cuatro argentinos? ¿Están seguros o se les rompió el inflador de cifras?
Y dicen que piensan darles a cada comedor 2.000 pesos por persona asistida y por mes.
Si eso es cierto, estamos hablando de 22.000 millones por mes. En lo que queda del año, 154 mil millones de pesos. O están diciendo cualquier verdura o piensan derretir la máquina de imprimir billetes.
Mariotto debería dejar de soñar con estatizar la electricidad, por ejemplo. No es negocio. Edenor, una de las dos eléctricas más grandes del país, por ejemplo, tuvo una facturación bruta de 20.500 millones en el primer trimestre, menos de un tercio de lo que van a facturar Grabois & Cía en tres meses si los planes de Desarrollo Social se cumplen. Y, encima, sin tener que rendir cuentas, ni cumplir metas; sin ente regulador, ni defensa del consumidor, ni parámetros de calidad, ni compromisos de inversiones.
