Chorearse la ayuda a los pobres no es delito en Argentina

Adrián Simioni

Los 250 mil planes sociales truchos de los piqueteros corren el riesgo de quedar en un escándalo superficial.

Nadie hizo una denuncia penal todavía. Pese a que estamos ante el reparto de 30 mil millones de pesos al mes.

Tipos que están de los dos lados del mostrador toman sin licitación ni auditoría ni control fortunas que reparten con una de dos virtudes, como queda demostrado en la auditoría encargada a la Afip: ineptitud o corrupción.

Son especialistas a estas alturas que desde hace más de una década tienen secuestrada la ayuda social que pagamos con nuestros impuestos.

Y nos extorsionan todos los días. Físicamente en las calles por las que no podemos pasar. Y moralmente porque ellos son buenos, buenos, buenos con plata ajena, y los demás son malos, malos, malos simplemente porque reclaman que se dejen de malgastar y desviar miles de millones de pesos para financiar partidos sin votos pero con miles de militantes pagos que hay que mantener.

Imaginate que sucediera lo mismo con la construcción de una ruta: el funcionario le da la obra a su propia empresa sin licitación, para construir una ruta cara que encima después no construye.

Emilio Persico, Juan Grabois, Eduardo Belliboni, Daniel Arroyo, Carolina Stanley, Juan Zabaleta, todos son jefes piqueteros o exministros que deberían ir a dar explicaciones a la Justicia.

Arroyo sigue pavoneándose por ahí como el funcionario bueno que nunca sabe qué pasó. Pero él loteó el Ministerio Desarrollo Social entre cada facción piquetera y La Cámpora. Él les regaló a cada uno una porción del ministerio y aceptó que fueran zonas liberadas. Él falló (o tal vez acertó porque era eso lo que debía hacer) en el descontrol total de los fondos. Todavía les preguntamos cómo transformar planes en empleo genuino a tipos que no trabajaron en su vida, cuando deberían estar dando explicaciones en tribunales.

Esto no es un error. Está diseñado para privatizar el Estado en quintas de las que se apropia cada socio. Para financiar los aparatos políticos. Y para que los subsidiados no sean ciudadanos autónomos sino dependientes de punteros. Es el objetivo del plan, no algo que salió mal.

Cualquier fiscal que quiera tiene las pruebas ante las narices de que este sistema perverso está armado específicamente para esto. Hace un mes se hizo otro cruce y se descubrió que 40 mil personas que cobran el Plan Progresar también cobran el Potenciar. Algo explícitamente prohibido. No aguantaron ni 24horas los funcionarios que querían dar de baja uno de los dos beneficios dupulicados. Al primer apretadón, los piqueteros consiguieron que, en lugar de llevarlos a ellos a los tribunales, se cambie la norma. Ahora los 40 mil Progresar pueden seguir cobrando el Potenciar.

Y todo volvió a estar en orden en el país donde chorearse la ayuda social no es delito.