Cómo llegó la Provincia a regalar 76 millones de pesos a los familiares de Ricardo Albareda, un subcomisario infiltrado del ERP en la policía provincial torturado y desaparecido en los ’70, cuya familia ya había cobrado su indemnización como víctimas del terrorismo de Estado, a cuya viuda la propia Policía le había dado un cargo civil en 1983 y a cuyo Fernando le dieron en estas décadas distintos cargos estatales. Estamos hablando del caso en el que está detenido Fernando Albareda, militante de Hijos, acusado de asesinar a su madre para quedarse con el dinero.
Todo comenzó en 2023, año electoral. El 22 de marzo todos los bloques sancionaron por unanimidad una ley que, aparentemente, sólo hacía un reconocimiento simbólico a exempleados provinciales desaparecidos en cuyos legajos sus ceses laborales decían “por abandono de servicio”. El objetivo de la ley es la verdad, hacer que allí figure como causa la desaparición forzada como consecuencia del terrorismo de Estado.
Son esas leyes a las que, por corrección política, nadie revisa muy bien. Hablaron todos. Desde Alberto Ambrosio, por el PRO, uno de los opositores ahora empleados por el llaryorismo como secretario de Vinculación Institucional de la Municipalidad (esos cargos que uno nunca sabe para qué sirven), hasta Amelia Mososo, de Encuentro Vecinal Córdoba, hasta Juan Jure de la UCR. La ley había sido impulsada por los peronistas José Pihen-histórico sindicalista de los estatales- y Leonardo Carpientero, que ahora es concejal en Río Cuarto.
La ley no decía nada de reparaciones económicas. Esas cosas no se dicen. Pasan como tributo a los derechos humanos y sirven para tener contentos a los organismos. Muy convenientes, por ejemplo, para evitar que los organismos estén demasiado atentos a, supongamos, algún abuso de poder, un caso de mano dura o un desmanejo con la minoridad.
O sea que a los ciudadanos no nos dijeron nada acerca de que, detrás de esto, iba a venir una cuestión de dinero. Pero la mecánica se puso en marcha ahí nomás. El hijo de Albareda, Fernando, presentó a los días un reclamo para que su padre fuera ascendido post mortem y se le pagaran los haberes nunca cobrados. El Archivo Provincial de la Memoria, controlado por los organismos de derechos humanos, dio un rápido OK. La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, también. El fiscal de Estado, Jorge Córdoba, también.
El 7 de marzo salió el decreto firmado por el gobernador Martín Llaryora, firmó el decreto junto a Montero, Córdoba y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Y el trámite burocrático quedó a cargo de Quinteros. El 20 de marzo, en la Semana de la Memoria, se hizo el acto para cambiar el legajo de Albareda, con mucha profusión y propaganda. El 8 de mayo, menos de tres semanas después, Quinteros ya había firmado la resolución que ascendía postmortem a Albareda de subcomisario a comisario, le reconocía a la viuda una pensión correspondiente a comisario y ordenaba pagarle los retroactivos de todas estas décadas.
A nadie se le ocurrió discutir si todo esto era correcto. El único fundamento fue el fallo de 2009 que dictaminó que Albareda había sido torturado y asesinado por sus propios colegas, y por lo cual la familia ya fue indemnizada. Pero nadie se preguntó si, además de indemnizarlo como víctima –que lo fue- cabía ascenderlo postmortem. Como infiltrado de una organización terrorista, es posible que Albareda haya ayudado a evitar que los grupos de tareas del terrorismo de Estado desaparecieran a más gente. Pero también es probable que, incluso en plena democracia, haya colaborado con el ERP para atentar contra sus colegas y haya sido responsable de crímenes. La ley provincial establece solo tres casos para ascender a un policía posmortem, y dice que “podrá” ser ascendido, no que “deberá”. Las tres posibilidades son: por un acto destacado de servicio, por pérdida de aptitudes físicas o psíquicas en un acto de servicio o por pérdida de la vida en un acto de servicio. Eligieron este último caso: un policía asesinado por sus colegas que lo consideraban un entregador, un traidor, se consideró muerte en acto de servicio. Nadie puso las manos: nadie se animó a preguntar: “Che, ¿corresponde este reconocimiento por acto de servicio?”, “¿no estaremos transformando una víctima en un héroe?”
Y allí partieron los 76 millones, de los cuales los contribuyentes jamás nos hubiéramos enterado si, como cree la Justicia, ese dinero, aunque aún no se pagaron, fueron suficiente móvil para que el hijo del comisario ascendido asesinara a su madre.
