El factor Schiaretti

Adrián Simioni

La Corte Suprema acaba de dejar sentado una vez más que la Ciudad de Buenos Aires debe ser tratada exactamente igual que una provincia si se quiere respetar la Constitución de 1994.

Por eso consideró inconstitucional que, hace dos años, Alberto Fernández, muy presionado por el kirchnerismo, le manoteara a Rodríguez Larreta más de la mitad de la coparticipación de impuestos que, antes, habían acordado Rodríguez Larreta y Macri cuando Macri era presidente. Alberto, por orden de Cristina, se apropió de esa plata (unos 250 mil millones a plata de hoy) y se la regaló a Axel Kicillof para que el preferido de Cristina sofocara una rebelión policial aumetando los sueldos.

Ahora el kirchnerismo -incluidos gobernadores como el chaqueño Jorge Capitanich- presiona a Alberto para que incumpla el fallo de la Corte. El conflicto de poderes ya abierto entre el Ejecutivo y la Justicia es cada vez más grande.

Pero el irresponsable en este caso fue el contexto, que sancionó en 2020 este proyecto impulsado por Cristina que era flagrantemente anticonstitucional. Tan era así que el kirchnerismo no conseguía los votos suficientes en Diputados para aprobar el saqueo a Capital Federal que ya había aprobado el Senado. En aquel momento, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, jugó un rol ambiguo.

Por un lado, sus diputados, incluida su esposa, Alejandro Vigo, fueron la clave para que el kirchnerismo consiguiera quórum y aprobara la ley inconstitucional. Por otro lado, Schiaretti exigió introducir cambios en la ley del Senado para mejorarla. Básicamente, aunque el proyecto autorizaba el saqueo unilateral a la Capital Federal, daba un plazo de 60 días para entre la Ciudad y la Nación para que pactaran un convenio para reducir la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. La idea iba en línea con lo que falló ayer la Corte Suprema: si la Ciudad capital es una Provincia, entonces la Nación no puede actuar unilateralmente. Cualquier cambio debe pactarse sí o sí. Pero, en los hechos, la movida cordobesa terminó permitiendo el manotazo. La ley se aprobó en los términos de Schiaretti y volvió al Senado, que también avaló los cambios. Pero los 60 días para negociar pasaron a la historia sin pena ni gloria. Y quedó firme el saqueo.

Ahora la Corte ordenó terminar con esto. Y estamos en otro flor de lío institucional, por si nos faltara alguno.