La Argentina exhibe sin tapujo en estos días su Poder Judicial disfuncional. Una Justicia que, así, va a ser un obstáculo insalvable para cualquier ajuste o reforma que busque racionalizar al Estado fallido que vuelve a trasladar su quiebra a los asalariados privados, las empresas privadas y la sociedad civil en general. Los ejemplos son múltiples. Y han florecido desde la cúspide.
IVA y Ganancias
La Corte Suprema le ordenó a Mauricio Macri compensar a 15 provincias por las pérdidas de coparticipación que éstas sufrirían por la rebaja parcial de IVA y Ganancias decretadas por el Presidente.
Sin trabajar demasiado, apenas sacaron una cautelar que ordena a la Nación compensar a las provincias. Demagógicos, los jueces no quisieron ensuciarse los dedos y ordenar que se volvieran a aumentar ambos impuestos (si es que, como parece, consideran que modificar impuestos es una atribución del Congreso).
Jubilados ricos exentos
La misma Corte luego sentenció que los jubilados ricos de la Argentina que ganan más de 80 mil pesos no tienen por qué pagar el Impuesto a las Ganancias (un porcentaje menor sólo sobre el dinero que cobran por encima de los 80 mil pesos).
Las bibliotecas de la doctrina y las opiniones de los especialistas están divididas. Pero en estos casos el populismo judicial siempre se inclina por cualquier cosa que reviente las arcas del Estado, incluso si agrava aún más el déficit fiscal.
Sin autoridad moral se llega a La Pampa
En verdad, los jueces argentinos no tienen autoridad moral para fallar en temas impositivos. Más del 90% de ellos y de todos sus empleados son elusores del Impuesto a las Ganancias, en base a fallos que se concedieron a sí mismos y a leyes específicas del Congreso que ellos desobedecen con meras resoluciones administrativas o cautelares amañadas. Jamás van a poder exigir a un jubilado que pague Ganancias, aunque cobre fortunas, porque ellos mismos cobran fortunas, como activos o pasivos, y eluden el impuesto.
El absurdo crece sin parar ante este prevaricato difuso pero masivo. Una de las 15 provincias beneficiadas por el primer fallo mencionado será La Pampa, que será compensada por la rebaja de IVA y Ganancias. Pero resulta que el gobernador de esa Provincia, Carlos Verna, y todos sus empleados públicos, son evasores del mismo Impuesto a las Ganancias que ellos no pagan y de cuyo reparto se cobran parte de sus sueldos. Verna viola la ley de Ganancias nacional basado normas menores provinciales, y entre sus argumentos está el paraíso fiscal ilegal de los jueces. “Si hasta los judiciales no pagan, por qué vamos a pagar nosotros”, es el razonamiento pampeano.
Exiliados
Hay más. La misma Corte acaba de sentenciar que quienes estuvieron exiliados en la dictadura tienen derecho a cobrar el 100% de lo que hubieran cobrado si hubieran estado cautivos y torturados en la Esma o en La Perla y no el 25% como quería el gobierno.
El gobierno estimó en 2016 que hay unos 5.800 reclamos en puerta a un costo potencial de 360 millones de dólares. La Argentina ya ha pagado más de 3.000 millones de dólares sólo a familiares de desaparecidos y detenidos en los infiernos ilegales de la dictadura, según el Cels. También ha indemnizado a niños nacidos en cautiverio. Incluso paga pensiones heredables a detenidos que también cobraron la indemnización.
Ya al borde del delirio, los contribuyentes pagamos indemnizaciones también a detenidos políticos desde 1955 o a sus herederos, incluso si fueron apresados en base a leyes del Congreso y en períodos democráticos, como durante el último gobierno de Perón.
Algunos estudios de abogados y organismos de derechos humanos que ya llevan 35 años en el rubro fueron transformando la necesaria reparación de los crímenes de Estado en una industria sin escrúpulos. Lo prueban las indemnizaciones cobradas por familiares de terroristas que no fueron víctimas de nada sino que murieron atacando con armas pesadas cuarteles militares en plena democracia, luego de asesinar ellos a soldaditos rasos menores. Pero la Corte ahora amplía el mercado. Total pagará la sociedad.
Las ART, que se embromen por “malas”
La demagogia judicial lleva a duras contradicciones. Un juez de la Capital Federal acaba de afectar el sistema de seguros de riesgo de trabajo al fallar en el caso de un periodista deportivo que perdió a su hija en un accidente de autos que no tuvo vinculación alguna con su empleo. El periodista sostuvo que la tragedia le produjo un daño afectivo y físico tal que lo ha incapacitado para trabajar.
A nadie sorprende que la Justicia haya aceptado esto como causa incapacitante y que haya ordenado al sistema de seguros hacerse cargo del costo. Cuanto menos podrá decirse que el sistema argentino es muy generoso y que, con estos criterios, el costo de toda esta generosidad se traslada a las primas de seguro que deben pagar los héroes que se animan a tomar un empleado en blanco.
Pero además el juez ahora ordenó aplicar las tasas de interés del Banco Nación sobre la indemnización y no un índice compuesto en base a la evolución del salario que se venía aplicando. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo cobran una prima de riesgo vinculada al valor del salario. Pero de ahora en más lo que paguen va tener que actualizarse a tasas mayores incluso a la inflación. O sea que habrá un descalce entre ingresos y egresos. A nadie le importa. Que se embromen las ART por ser empresas y ser las “malas”.
Las automotrices, que se embromen por “malas”
En cambio, en Córdoba, el juez Franco Flores, sí le importó un descalce parecido, pero que no afecta a una empresa sino a clientes de Volkswagen. El juez se inspiró en un fallo similar de agosto de un magistrado rionegrino y ordenó que las cuotas del sistema de ahorro previo de Volkswagen se congelen al nivel que tenían en abril de 2018 y que de ahí aumenten sólo 40%, mucho menos que la inflación acumulada desde entonces.
La razón de los jueces es atendible: quienes contrataron los planes probablemente no hayan tenido incrementos similares en sus ingresos. Es un descalce igual al que no importa si las afectadas son las ART.
El problema es que así es como se destruye el sistema de crédito. Darles el derecho judicial a esos consumidores es quitarle un derecho contractual a Volkswagen (“que se embrome por mala, por ser empresa”, parece ser también el razonamiento en este caso). Si el problema de estos planes de ahorro es su carácter eventual carácter leonino, entonces el tema es otro. Que actúe Defensa de la Competencia. O incluso la Justicia. Pero reescribir caprichosamente cláusulas de un contrato entre privados no debe ser tarea de un juez.
Así, la golpeada no es sólo Volkswagen y sus empleados, ya muy golpeados por el derrumbe del mercado.
Hay muchos más potenciales lastimados, que no son empresas y que el juez no ve ahora y tal vez nunca veamos porque no van a existir: son los futuros demandantes de crédito que no lo encontrarán o que tendrán que pagar altísimas tasas al valiente que se anime a prestar en un país donde los contratos entre partes pueden ser alterados por decretos, leyes y fallos subrepticios.
Al fin y al cabo eso es lo que diferencia a la Argentina de todos los demás países que desde hace décadas gozan de sistemas de créditos hipotecarios y prendarios más o menos razonables, más allá de crisis y burbujas ocasionales.
Son todas señales de la Justicia argentina, también ella profundamente populista, como su Iglesia católica, su intelectualidad hegemónica, sus sindicatos, sus cámaras empresarias prebendarias y la mayoría de sus políticos. Cualquier racionalidad que se intente aplicar de aquí en adelante va a chocar con el muro de una magistratura mayormente demagógica, más interesada en esquivar las decisiones difíciles que en asumir la responsabilidad de frenar los descalabros.
