Ersep, Defensor del Pueblo y la manía cordobesa de amontonar organismos al cuete

Adrián Simioni

Esta semana nos enteramos de que el Ersep, el ente regulador de los servicios públicos de Córdoba, va a dejar de analizar, evaluar y autorizar, junto a los usuarios y la oposición, las subas de la tarifa de Epec, la distribuidora eléctrica de Córdoba. Epec se va a calcular ella sola la fórmula a la que está atada la tarifa y la va a aplicar luego de que el gobierno simplemente la publique.

El Ersep fue creado por la leyes de Nuevo Estado y Carta del Ciudadano de De la Sota para regular los servicios públicos que dependen de la Provincia. Los más importantes son Epec, Aguas Cordobesas, las cooperativas eléctricas, el transporte interurbano y Caminos de las Sierras. Excluir a Epec es quitarle gran parte de su sentido: es por lejos lo que más dinero involucra.

Entonces -dicen muchos, no sin razón- ¿por qué no cerramos el Ersep y nos ahorramos algo más que unos mangos: 4.400 millones de pesos del presupuesto original de este año. Sumale la inflación.

Es que no tenemos la costumbre de hacerlo. De hecho, ya tenemos la Defensoría del Pueblo, que fue creada por Eduardo Angeloz junto a la reforma constitucional de 1986 que permitió su reelección. Como estaba de moda en Europa, clavaron este organismo para “defender los derechos colectivos frente al gobierno provincial, supervisar los servicios públicos provinciales y recibir denuncias ambientales”. Claras superposiciones con el Ersep. Por eso, y tal vez comodidad política, la Defensoría hace de todo menos eso: en su sitio de hoy muestra una encuesta que hizo sobre el consumo de alimentos, mide la canasta básica, avisa que el defensor, Mario Decara, será observador electoral no sé dónde, que Decara participa de la campaña del tejido solidario, que acordó con un municipio una campaña de difusión sobre derechos humanos. Lo único que se parece en algo a su tarea es ayudar a quien lo necesite a categorizarse como usuario N1, N2 o N3 de Epec. Ayuda a Epec.

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De control de servicios públicos, de revisar cuántos días de clase reales se dan en las escuelas cordobesas, nada. Decara se va a gastar este año 3.200 millones de pesos mayormente en cosas que no le incumben, para las cuales la Constitución y la ley no lo autorizan.

Será por eso que el legislador de la Coalición Cívica, ahora en un bloque propio, Gregorio Hernández Maqueda, presentó un proyecto para reformar la Defensoría del Pueblo, con duras críticas a Decara, en medio de la fuerte rosca que hay para suceder al Defensor y manejar esa caja con la que se puede hacer lo que uno quiera.

¿Y si probáramos con cerrarla y ahorrarnos de una buena vez la plata en lugar de seguir amontonando organismos –la Defensoría, el Ersep- que violan las leyes que los crearon sin hacer lo que deben o quemando la plata en cualquier cosa menos en aquello para lo que fueron creados?