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Adrián Simioni
Lo más raro es el asesinato de Gabriela Pérez en un acto del sindicato Soelsac cuyo jefe, Sergio Fittipaldi, acusó por escrito a otro sindicalista, imputado judicial y exdiputado K, Franco Saillén, de la familia de gremialistas que controla el Surrbac, sindicato de la basura, de ser el responsable del “atentado” que terminó con la vida de Gabriela. Los lazos tanto de Saillen como de Fittipaldi con el llaryorismo son indisimulables. Los Saillen son el nodo por el que pasa todo el negocio de la Municipalidad de Córdoba con las concesionarias de la basura. Y Gabriela trabajaba para una empresa que limpia la Municipalidad. La hermana de Gabriela dijo que el Soelsac la obligaba a ir al acto bajo el riesgo de hacerle perder su trabajo de limpieza. Saillen hizo campaña para que Daniel Passerini ganara la intendencia y hay fotos que los muestran protagonizando actos políticos. Fittipaldi atesora fotos que lo muestran en su club Peñarol junto al aún intendente, futuro gobernador y jefe de Passerini, Martín Llaryora.
Todos militan lo mismo. Son del mismo partido. Pero se pelean en los negocios. Fittipaldi ya había denunciado ante la Justicia a Saillén, acusándolo por amenazas. Y ahora volvió a decir cuáles son los motivos. Saillén quiere disputarle la conducción del sindicato para quedare con el Soelsac, que a la vez los Saillén ayudaron a crear en su momento como parte de su expansión en el poder cordobés.
Estamos ante algo desconocido en Córdoba. Hasta hace 15 años el sindicalismo cordobés (así como el gremialismo empresario, por ejemplo) se diferenciaba del gremialismo nacional. La perpetuación en el poder era menor. Lejos de ser exhibicionistas, los sindicalistas cordobeses eran austeros, o al menos esa era la imagen que habían dado por años. Sobre todo esto: es la primera vez desde 1970 en que un sindicalista responsabiliza a otro por una muerte violenta en Córdoba. Esta “pesada”, estos reflejos mafiosos, nunca habían quedado así de expuestos.
Por ahora todos fingen demencia. Miran para otro lado. No han dicho nada. Ni los demás sindicatos, ni los políticos. Nadie. ¿Qué está pasando en Córdoba?
Esto no es lo único. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal, como cantaba Charly.
De Córdoba saltamos a Nueva York, donde la Argentina acaba de recibir la condena más costosa de la historia por la estatización mal hecha de YPF. Hay que pagar 16 mil millones de dólares. 4.000 millones más de lo que vale YPF.
La cuestión más oscura que es que una parte importante de esa sentencia sería cobrada por los sucesores del grupo accionista muy cercano a Néstor Kirchner que en su momento pudo comprar el 25% de YPF gracias al intervención del expresidente. ¿A qué patrimonio irán finalmente a parar los miles de millones que se pagarán en este juicio? Silencio. Fingen demencia. Nadie dice nada sobre esto.
¿Más cosas raras? En la retirada final, piqueteros funcionarios del gobierno se entregan a sí mismos, a sus propias organizaciones, sin licitación ni nada, 9.000 millones de pesos, para la “caja chica” de estos grupos. Están desde Madres de Plaza de Mayo hasta Juan Grabois en la pomada. Seguimos fingiendo demencia.
También en la retirada, tan rápido como se efectivizan militantes rentados en el Estado, el gobierno descubre la necesidad repentina de hacer de urgencia una licitación multimillonaria para volver a cambiar los DNI y los pasaportes argentinos. Dos empresas se van a quedar con el negocio. La mayor porción es para el grupo América, de Eduardo Eurnekian, el empresario más asociado a Javier Milei, por la sencilla razón de que el posible futuro presidente trabajó para él. Se hace camino al andar.
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