Juez se busca; "honestistas", abstenerse

Adrián Simioni

El jefe de los diputados radicales, el cordobés Rodrigo de Loredo, propuso esta mañana que Elisa Carrió sea designada en la Corte Suprema, suponemos que en lugar del juez federal Ariel Lijo, uno de los dos candidatos nominados por Javier Milei, que tendría apoyo del kirchnerismo. El argumento de De Loredo es que Carrió tiene la experiencia, el conocimiento y el coraje “para terminar con la corrupción” y “plantársele al poder desde la verdad”. O sea, el fuerte de Carrió son el conocimiento y, sobre todo, la honestidad.

Más allá de que Carrió se ajuste o no a eso que De Loredo le adjudica (mucha gente piensa que no, que ha sido una denunciadora irresponsable y una demagoga durante buena parte de su carrera), y más allá de De Loredo –que simplemente hizo una propuesta muy legítima- lo interesante es pensar son los criterios que se ponen en juego a la hora de cubrir cargos tan importantes.

¿Quién no podría estar de acuerdo con eso en que para ser juez supremo hay que ser honesto? Ahora, ¿no es un poco poco? Es el riesgo del honestismo. La verdad, la honestidad a toda prueba tiene que ser el piso, la base de partida, para cualquier puesto político, mucho más para ser juez supremo. No debería ni mencionarse. El conocimiento lo exige la propia Constitución (ser abogado con 10 años de ejercicio) y el “coraje” también se da por hecho: queremos poner un juez que efectivamenta trabaje de juez; que ejerza.

Pero, ¿eso es suficiente? No. La Argentina está en una etapa terminal. Es su organización social la que está enferma, en agonía después de demasiadas décadas. Su inflación eterna y su inseguridad galopante son los mayores síntomas, coronada con una pobreza irracional, inexplicable para un país con los recursos argentinos.

Y a esa Argentina hay que ponerle una bomba y reformarla de raíz. Para eso se necesitan jueces alineados a un propósito profundamente político, orientados a terminar con la demagogia judicial que le reconoce “derechos adquiridos” a cualquiera aunque eso les robe el derecho de millones de argentinos a tener una moneda estable; a terminar con las múltiples industrias del juicio que impiden trabajar, ahorrar e invertir; a terminar con la puerta giratoria de los criminales; a liquidar el populismo pobrista, y a terminar con los eternos privilegios inconstitucionales para quienes viven del Estado en desmedro del resto de la sociedad.

No va a haber reforma posible de la Argentina si cualquier reforma termina en el escritorio de una Justicia suprema morosa y populista.

Para eso estas designaciones son políticas en el sentido más positivo y profundo del término. Son tan políticas como sancionar leyes que reformen a fondo y para bien el sistema previsional, las leyes laborales, la administración pública, la educación, los impuestos y el reparto de los fondos públicos entre Nación y provincias.

Y por eso cubrir estas dos vacantes es clave. No se trata de poner a honestos. Eso se da por sentado. Lo importante es todo lo demás, tener jueces alineados con el propósito de aplicar las políticas necesarias para sacar a este país de su vieja decadencia miserable.