Lo que faltaba: los subsidios judiciales

Adrián Simioni

El servicio eléctrico no da para más en el Gran Buenos Aires. Allí Edenor y Edesur distribuyen la luz. A diferencia de las distribuidoras del resto del país, que son reguladas por las provincias, allí las regula el gobierno nacional. Para quedar bien, los gobiernos K se negaban a subir las tarifas. Claro, eso desfinanciaba a Edenor y Edesur. Entonces, para que no quebraran, el gobierno hacía la vista gorda y les permitía que no le pagaran a Cammesa, una empresa estatal, la electricidad que distribuían. Así Edenor y Edesur funcionaban pero iban acumulando una deuda monstruosa. Pero a Cammesa no le hacía nada porque total el gobierno emitía peso y le pasaba plata. Así, el AMBA tiene la energía subsidiada de manera oculta.

El año pasado el gobierno quiso ordenar eso. Y pactaron que Edenor y Edesur iban a empezar a pagar la energía y que el gobierno de Cristina, Alberto y Massa les iba a permitir subir sus tarifas. Pero después vino la campaña electoral y no les permitieron nada. Entonces Edenor y Edesur dejaron otra vez de pagar la energía que reparten y deben más de 100 mil millones de pesos. Ahora, el un nuevo gobierno, que tiene que cortar el gasto y por ende dejar de pasarle plata a Cammesa, les pide que paguen.

Las empresas entonces fueron a la Justicia a decir que no tienen con qué pagar. Sólo Edenor dice que por las tarifas que el gobierno no cumplió en subir, dejó de cobrar 320 mil millones de pesos, con los que podría pagar su deuda. Y reclama que el Estado se lo reconozca.

Un desastre por donde se lo mire. El tema es que el juzgado que interviene se limitó a pemitirles a Edenor y Edesur a seguir distribuyendo electricidad sin pagarla. Y le prohíbe a Cammesa iniciar acciones judiciales o cortarles la provisión. El juez se acobarda para ordenarle al gobierno que suba la tarifa en el Amba para que los habitantes del conurbano paguen de una buena vez más o menos lo mismo que ya se paga desde hace mucho en el resto del país y se termine el problema. No. Los jueces también son demagogos. No quieren ser ellos los que den la mala noticia. Entonces recurren a pensamiento mágico: ¿quién va a pagar la electricidad que se consume en el Gran Buenos Aires? ¿Los consumidores? No. ¿Las empresas distribuidoras? No. Por default, seguirá siendo Cammesa, es decir, con plata de todos los argentinos que ya pagamos nuestra propia energía y pagamos impuestos e inflación para bancar los subsidios injustos del Gran Buenos Aires.

Alguien tendría que explicarle al juez actuante, Oscar Alberto Papavero, que no hay magia. Que la electricidad tiene un costo y que alguien tiene que pagarla. Y que lo más lógico es que la paguen quienes la consumen. Pero es difícil que lo quiera entender. Ya en 2016 Papavero fue uno de los jueces que se dedicaron a trabar la normalización tarifaria que había empezado a hacer el entonces ministro Juan José Aranguren y que el kirchnerismo volvió estrolar durante el gobierno de Cristina y Alberto. Alguien debería empezar a pensar en echar a jueces como estos que nos dejan en una irracionalidad aún peor de la que venimos: los subsidios ordenados por la Justicia, por jueces que no tienen la menor idea ni les importan las graves implicancias económicas de sus fallos.