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Opinión
FOTO: Martín Llaryora, gobernador de Córdoba
Adrián Simioni
Un balde de agua fría. Así le cayó al gobierno de Córdoba el alerta de la diputada nacional Alejandra Torres, que detectó, dentro de un largo Decreto de Necesidad y Urgencia publicado el miércoles, la orden de Milei de congelar los aportes que la Anses debe hacer para bancar una parte del déficit de las cajas previsionales de 13 provincias que nunca transfirieron esos organismos a la Nación.
La pelea por esos fondos ya lleva 20 años. Y enfrentó a Córdoba con todos los gobiernos, excepto al de Macri, que fue el único en cumplir en general los convenios. Todo se remonta a los 90 cuando Domingo Cavallo, para tratar de que las provincias dejaran de jubilar gente a rolete que a veces ni siquiera eran empleados provinciales y encima se gastaran los aportes en cualquier cosa, las animó a traspasar sus cajas previsionales a la Anses. Se hacía borrón y cuenta nueva. La Nación pagaría las jubilaciones, pero de ahí en más los aportes irían a la Nación y la gente se jubilaría con los mismos parámetros nacionales. Trece provincias (entre ellas Córdoba y todas las más grandes) dijeron que no, porque no querían perder el manejo de esos fondos.
Con el tiempo se arrepintieron. La Anses pagaba los enormes déficits que habían gestado irresponsablemente las otras 11 provincias y ellas seguían teniendo que jubilar gente según sus propias dadivosas leyes, con montos imposibles de pagar. Así que reclamaron y consiguieron que la Anses accediera a pagarles el déficit que la Anses tendría que pagar si, aplicando la ley nacional, hubiera tenido que pagar las jubilaciones de estas provincias. Así, todas las provincias eran tratadas con igualdad. La plata saldría de la coparticipación, antes de que esa torta se reparta entre las provincias.
El kirchnerismo se hartó de incumplir la ley. De la Sota y Schiaretti se pelearon por eso. El gobierno de Milei dejó de pagar en enero el aporte mensual a las cajas. En el caso de Córdoba son 1.070 millones de pesos que, encima, no se actualizan desde hace un siglo. Por eso, la cifra ya es insignificante. Incluso si la Anses la pagara, serían menos de 13 mil millones en el año, una gota para el déficit de 200 mil millones que se proyecta.
Y ahí viene el tema. El decreto detectado por la diputada Torres anula la obligación establecida en el presupuesto 2023 –que Milei está obligado a cumplir- de que la Anses indexe, actualice el aporte a las cajas previsionales con el mismo índice que actualiza las jubilaciones. Son los artículos 92, 93 y 94.
Sin embargo, quedó vigente el artículo 50 del presupuesto 2023, que es el que obliga a la Nación a aportar a las 13 cajas una suma fija de 100 mil millones de pesos para todas. O sea, que la obligación de aportar sigue, pero ya sin cláusula de ajuste. Es el mismo criterio aplicado hasta ahora, por ejemplo, a las universidades. Sin una ley de presupuesto para 2024 –que no se sancionó porque Massa no quiso- Milei está obligado a repetir el de 2023. Pero se lo toma a pecho y lo repite tal cual, sin ajustarlo por inflación. En todo caso, se reserva el derecho de aumentarles el aporte si él quiere. Si los gobernadores se portan bien.
Esto para las finanzas de Llaryora es un golpe. Y para los otros 12 gobernadores también. Entonces, ¿estos gobernadores también van a mandar al freezer su apoyo a la ley Bases? A Llaryora le responden 3 de los cinco diputados del oficialismo cordobés. Uno de ellos dijo que hay muchos artículos de las Bases que deberían apoyarse porque están bien. Otro, que todo depende de lo que negocie Llaryora con Milei. El tercero no dijo nada. Y un funcionario que siempre está a menos de un tranco de Llaryora dijo: el freezado del aporte “no cambia nuestra posición, la ley Bases es votable en general”. Capaz que a Llaryora le gustaría hacer lo mismo y congelar su respaldo. El tema es si tiene un freezer apto para bancar tanto frío.
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