Hay que aprovechar que se cerró la grieta y que al fin estamos todos de acuerdo. La alianza de progres/peronistas acaba de mandar una ley ómnibus inspirada en cinco principios: el Estado no puede seguir en déficit eterno, la emisión al tuntún genera inflación, a las deudas hay que pagarlas, Argentina necesita ser capaz de vender algo para conseguir dólares y el ajuste debe golpear lo menos posible a los más vulnerables. Es lo mismo que decía la alianza de liberales/radicales que acaba de dejar la Rosada.
Cada uno lo dice a su modo. Pero hay consenso. Nunca fue tan explícito. Es una oportunidad única ¿Por qué puede desperdiciarse? Básicamente, por falta de honestidad intelectual.
Cuando cumplir la ley es quebrar
El mejor ejemplo, por lejos, es el de las jubilaciones, el mayor agujero del déficit estatal. En Argentina está prohibido decir “reforma jubilatoria”. Como será que cuando Macri cambió la ley para bien desde el punto de vista de los jubilados (quedaron más protegidos que nadie de la inflación, a excepción de los empleados públicos con cláusula gatillo) y para peor desde el punto fiscal (porque atar los haberes a la inflación impidió licuar el gasto de Anses), se ligó toneladas de piedrazos de militantes que escucharon “reforma jubilatoria” y salieron a reventar todo sin leer.
Pero que esté prohibido decirlo no quiere decir que no se pueda hacerlo para bien, de frente y en forma legal, para que dure en el tiempo y deje de quebrar la economía cada vez que queremos cumplir estas leyes bonitas pero infinanciables.
Achatamiento y juicios
De hecho, la norma enviada por Alberto Fernández no se llama “reforma laboral” pero el punto más importante de toda la ley ómnibus es, al revés de lo que hizo Macri, desconectar las jubilaciones de la inflación. Lo hará de hecho en los primeros 180 días y de derecho una vez que se cambie la inviable fórmula de movilidad macrista.
El segundo punto más importante es tratar de que las jubilaciones mínimas no se devalúen por completo en el proceso, con bonos y aumentos por decreto.
Los efectos previsibles son dos. Uno, es que las jubilaciones se achatarán y más jubilados pasarán a cobrar la mínima. El otro es que las jubilaciones mayores a la mínima ya no seguirán a la inflación, ni siquiera con el retraso de un semestre, como es hoy, lo que dará lugar a cientos de miles de juicios (hay dos millones de jubilados que no cobran la mínima).
Si se hace así, el riesgo es que nos volvamos a comer cientos de miles de juicios como en los 80 (que hubo que pagar con bonos de deuda en los 90) y como en los 2000 (que hubo que pagar sobre todo en los últimos seis años, también con deuda). El riesgo es que la Corte, apenas vea que al Estado le sobran dos mangos, ordene volver a pagar las mismas jubilaciones impagables de siempre. Y que volvamos a quebrar.
Hay que salir de esta ruedita de hámsters dementes. Hay que hacer la reforma y hacerla bien para no volver a quebrar. Para eso hay que reconocer la verdad (Ias jubilaciones que dicen las leyes no se pueden pagar) y hacer los cambios en forma legítima, clara y precisa. A los jueces que se burlen del Congreso y fallen contra esas leyes precisas y claras hay que llevarlos al Consejo de la Magistratura y echarlos.
Sólo así el ajuste podrá hacerse con bisturí y no con el hacha. Si sólo se semicongelan las jubilaciones se dejarán sin hacer cambios muy debatibles pero posibles.
Nunca aportaste
El kirchnerismo regaló jubilaciones a quienes nunca aportaron o ni siquiera hicieron trabajos que pudieran dar lugar a aportes. Esos beneficios podrían continuar, pero como subsidios no sujetos a la misma garantía que las jubilaciones legalmente adquiridas.
Ahorraste por tu cuenta
Esas jubilaciones sin aporte no deben ser recibidas, como lo son, por personas que trabajaron en negro, ahorraron por fuera del sistema, y ahora cobran la renta de esos ahorros privados y, además, la renta previsional a la que nunca contribuyeron.
Sos un pensionado full
De cada 5 jubilados, 1 cobra doble beneficio. Por ejemplo, pensión por viudez y jubilación. Eso debe revisarse parcialmente. Hay viudos/as de jueces/zas que además de la voluminosa pensión de su cónyuge cobran la “jubilación de ama de casa”. No todos los casos son una burla extrema como esos, pero hay una enorme escala de grises. No todos son pobrecitos jubilados.
Todo no se puede
Argentina es el único país del mundo que pretende hacer las dos cosas: dar jubilaciones universales (incluso a quienes jamás trabajaron) y que sean proporcionales a los aportes. Eso es imposible. Por eso Argentina no para de fracasar una y otra vez con esa utopía matemática. El margen para ser solidario y contributivo a la vez es muy escaso.
Tal vez haya llegado el momento de blanquear legalmente que eso no se puede cumplir y cambiar el cálculo del haber con un criterio mucho más progresivo, reduciendo jubilaciones altas. Quienes las cobran, en general, las cobran porque durante la vida activa tuvieron altos ingresos. Por ende, tienden a ser propietarios de sus viviendas y a tener rentas adicionales. Como son impagables, se dejaron de pagar de hecho cada vez que el sistema quebró, en los 80 y desde 2001 hasta la reparación histórica de 2016. Ahora, tal vez, haya que hacerlo de manera moderada, legal y duradera.
