¿Qué tienen en común un caddie y un repartidor de Rappi?

Adrián Simioni

El sistema laboral argentino está estallado por todas partes. Están los convenios laborales obsoletos, que impiden la reconversión que tiene que hacer casi toda la economía privada en blanco para adaptarse a una economía competitiva que ya no puede ser protegida. Está el 40% de empleo en negro que no puede ser absorbido por empresas viables. Está el desorbitado empleo público improductivo que en muchos casos no aporta nada a la sociedad. Está el collar de trenes de la industria del juicio laboral que se manduca una empresa tras otra. Están los altos impuestos altos al trabajo que, pese a eso, no logran financiar las obras sociales y las jubilaciones. Y frente a todo esto está la falta total de voluntad política y sindical para cambiar todo esto. No hay ninguna iniciativa sistémica para dar vuelta todo esto.

Y mientras siguen pasando cosas como estas. Por ejemplo, los clubes de golf de la Argentina están colgados del pincel. Porque, de pronto, centenares de caddies que durante años hicieron ese trabajo eventual, contratados a veces no por los clubes sino por cada golfista, se han declarado empleados en negro de los clubes y, por vía solidaria, de las asociaciones de golf. Y encontraron una nueva industria del juicio, liderada sobre todo por un estudio de abogados porteño que integra –mirá vos- el diputado libertario Guillermo Montenegro. Las cifras son monumentales. La Asociación Argentina de Golf tiene demandas por casi 5.500 millones de pesos. Un club de Córdoba, según trascendió, tiene media docena de demandas por más de 2.500 millones de pesos. En Buenos Aires las sentencias salen con fritas y multiplicadas por la aplicación de intereses sobre intereses. Una demanda iniciada el año pasado por 323 millones hoy está en 1.270 millones, según el diario La Nación.

El efecto se nota. Se puso difícil trabajar de caddie. Cómo será que el sindicato del sector se lamenta: “Los caddies están desapareciendo”. Ellos mismos plantean que el caddie no es un empleado en relación de dependencia.

Les espera el destino de muchos. Casi no hay bares en Argentina que tengan, por ejemplo, un pianista onda Casablanca. Algo que podrían aprovechar estudiantes de música para foguearse y hacerse unos mangos. Los dueños huyen despavoridos porque ahí nomás cae un sindicato a reclamar relación de dependencia. Casos infinitos.

A nadie se le ocurre acomodar las leyes para que todo esto pueda ordenarse sin llevar a la liquidación a ningún sector.

Mientras, las políticas públicas naufragan. Una muestra: esta semana el Ministerio de Capital Humano de la Nación, de Sandra Pettovello, firmó un convenio con Rappi para que los beneficiarios del plan Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) puedan reinsertarse laboralmente. La idea está muy bien: tratar de que los exclientes cautivos de los piqueteros vuelvan a ganarse la vida trabajando de verdad, en un trabajo honroso, devolviendo la autonomía a las personas. Pero deja un sabor amargo: el Estado va a subsidiar un trabajo de baja productividad y que en sí mismo es eventual, no empleos de calidad. Nuestras ambiciones son cada vez más modestas.

Es que es muy difícil construir sobre la ciénaga. Difícil empezar a levantar alguna pared si antes no se drena el pantano normativo y a esta altura cultural que es el mercado laboral argentino. Mientras, todos nos hacemos los osos.