La Municipalidad de Villa Allende autorizó a operar a las apps de autos como Uber, Cabify y Didi y con eso volvió el debate a la Ciudad de Córdoba, que se está quedando cada vez más sola en el intento vano de tapar el sol con las manos con la prohibición de esas aplicaciones, porque cada vez más ciudades las van habilitando o hacen la vista gorda. Y va generando cada vez más problemas: por ejemplo, complica a alguien de Villa Allende que toma un Uber y quiere entrar a la ciudad.
Además, desperdicia recursos. Pierde el tiempo incautando casi 3.700 autos en lo que va del año, 13 autos por día, con 14 grúas a las que sumarán 6 más, pagando sueldos que podría ahorrar o darles mejor destino. Por ejemplo invertir en cinemómetros para controlar la velocidad, así no nos condenan a romper nuestros autos en calles echas no con asfalto sino con lomos de burro. Ni siquiera conforma a los taxistas: dos de cada 10 de los autos secuestrados son taxis y remises legales. Más de 700 coches retenidos, sobre una flota de 8.000 unidades. Está empezando a ser un despropósito.
Los funcionarios municipales se escudan en argumentos errados que eluden el fondo de la cuestión. Por ejemplo han dicho en esta radio que no hay problema porque, total, pronto ya vamos a tener una app para llamar los taxis. Eso es no entender lo que es un salto tecnológico. Es quedarse con el fierrito, tratando justamente de frenar la reforma social que un verdadero cambio tecnológico trae. Es como haber adoptado el auto pero exigirles que se conduzcan a la misma velocidad que el carro tirado a caballo y obligando al dueño a seguir comprando alfalfa.
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El impacto de Uber y sus similares es que elimina un monopolio, elimina el poder del Estado para decir cuánto cuesta moverse en la ciudad, eficientiza un servicio (los autos están menos tiempo vacíos, por eso los taxistas usan Cabify), coordina la demanda y la oferta al flexibilizar la tarifa (días de lluvia, por ejemplo), obliga al resto de los transportes a mejorar y permite que cualquiera pueda hacer un trabajo part time para complementar un empleo. Si nos limitamos a forzarnos a cargar una app más al teléfono para usarlas sólo con los taxis que digan los concejales, no cambia nada de todo eso. Reemplazamos el carro por el coche, pero seguimos yendo a 15 kilómetros por hora y comprando alfalfa.
La solución es compleja. Los dueños de chapas de taxis consideran que esa es una propiedad, como si fuera un departamento, aunque no lo son, son concesiones que el municipio puede legalmente dar de baja. Eliminar el monopolio tornaría inservibles esas chapas. Los choferes temen por sus trabajos si cualquiera empieza a llevar gente. Cosa que igual ya sucede.
Es un tema delicado, pero va a ser cada vez más difícil seguir haciendo como que el mundo no cambió con Uber.
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Es cierto el argumento de los taxistas de que ellos tienen exigencias que las apps no tienen. Bueno, entonces hay que reducirlas y exigírselas a todos por igual: seguros, carnet profesional, ITV. Pero seguir prohibiendo va a ser cada vez más absurdo e imposible. No se nos ocurriría permitir que alguien que no es odontólogo se ponga a hacer tratamientos de conducto. Pero no se nos ocurriría prohibir que un odontólogo abra un nuevo consultorio.
El tic de resistirse a cambiar es cada vez más notorio en la Córdoba de Passerini y Llaryora. Como pasó la semana pasada cuando la Nación desreguló el transporte de larga distancia, el ministro Federico Sturzenegger dio como ejemplo que desde ahora alguien que llega al aeropuerto de Pajas Blancas podría viajar en una van directamente a Jesús María, hacia el norte, en lugar de tomarse un taxi a la terminal de Córdoba, al sur, para recién allí ir hacia el norte, a Jesús María.
La reacción oficial fue decir que la jurisdicción es provincial y eso no lo puede decidir la Nación. Ponéle que tenga razón. Pero ese no es el tema: el tema es si tiene sentido obligar a alguien a ir hacia el sur cuando tiene que ir al norte. Aún encerrado en una isla, es cuestión de saber dónde están los puntos cardinales.
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