Uber, policías y taxis: la última prueba olímpica del absurdo

Adrián Simioni

Hay muchas ciudades, como la de Córdoba, cuyos municipios prohibieron, declararon ilegales, las plataformas para transporte privado tipo Uber. Básicamente lo habían hecho para sostener el monopolio de taxis y remises.

Pero esas prohibiciones son cada vez más difíciles de sostener. Porque está quedando expuesto el absurdo. La última: la Policía de Córdoba tuvo que prohibir expresamente que sus agentes trabajen como choferes de estas aplicaciones en su tiempo libre, cosa que muchos hacen para agregar un ingreso. Lo hizo luego de que uno de ellos fue víctima de un asalto que terminó con un menor baleado.

Es como la prueba olímpica del absurdo. Primero, tenemos a un policía en actividad que no gana lo suficiente (tal vez porque casi un tercio de ellos no está en la calle por distintas razones, pero ese es otro absurdo). Además, tenemos a un policía que termina haciendo una actividad ilegal. Encima, no la puede hacer porque nadie termina de cambiar una norma que es en sí misma cada vez más absurda.

No paran de acumularse pruebas de que la prohibición no tiene sentido. Primero, para los usuarios, que consiguen que los lleven por menos plata y en autos más limpios y más seguros (porque es sin efectivo y con las identidades de choferes y pasajeros registradas). Y además, no nos quedamos sin servicio en los días de lluvia. El uber cobra un poco más y listo. Segundo, para los choferes, para quienes también es más seguro y más tentador porque tienen menos tiempo muerto transitando sin pasajeros. De hecho: muchos de los mismos taxistas que presionaron hace años para prohibir Uber ahora usan sus taxis pero con estas aplicaciones. Y en efecto pidieron la semana pasada que la Municipalidad no les secuestre sus taxis cuando manejan para Uber, Cabify, Didi y otras. ¿Qué hace la Muni prohibiendo un transporte que es mejor para clientes y choferes y perpetuando uno peor?

Las aplicaciones se prohibieron en su momento en Córdoba con el argumento de que estas aplicaciones eran una competencia desleal para taxistas y remiseros y con la premisa de que la Municipalidad debe regular. Bordea lo inconstitucional. A nadie se le ocurriría que la Muni prohíba instalar una carnicería sólo porque en la misma calle ya hay otra carnicería. La salubridad de la carne que se vende es tan importante como la seguridad del tránsito. Pero eso se resuelve haciendo controlando la bromatología de las carnicerías, no prohibiendo la apertura de nuevas carnicerías. Con esto lo mismo. En lugar de prohibir que alguien transporte personas bastaría con exigirle la ITV del coche, un seguro acorde y el carnet profesional. Y dejarle de cobrar a los taxistas cualquier otra cosa para que estén en igualdad de condiciones. No prohibir.

Eso es el absurdo. Y la realidad lo demuestra con policías a los que la propia Policía debe prohibirles que cometan un delito.

Es que trabajar honestamente no puede ser un delito.

Por todo esto, ya hay ciudades dando marcha atrás. La Municipalidad de Santa Fe evalúa legalizar las aplicaciones. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, ya mandó un proyecto de ordenanza a su Concejo Deliberante. Pero en Córdoba, claro, las cosas tienen otro ritmo.