Una corte suprema provincial frena dos tercios de producción nacional de litio

Adrián Simioni

La industria minera argentina acaba de recibir un baldazo de agua fría. La Corte Suprema de Catamarca ordenó hace unas horas frenar toda actividad minera en Salar del Hombre Muerto, el área que comparte con Salta y donde operan dos de las tres productoras de litio que están efectivamente en marcha en el país.

Según el diario Esquiú de Catamarca peligran 2.700 empleos directos y más de 4.000 indirectos. El Poder Ejecutivo de Catamarca o las empresas tienen una sola posible apelación: la Corte Suprema de la Nación. Pero los tiempos para ese trámite son insondables.

Los jueces catamarqueños le ordenaron a Ejecutivo dar de baja todas las autorizaciones y permisos otorgados hasta ahora. Y le exigen frenar cualquier otro trámite hasta tanto no se hagan estudios de impacto ambiental acumulativos. Esto afecta a otros 6 proyectos en distinto estado de avance en la misma área.

La causa fue iniciada en 2021 por el cacique Román Elías Guitián, representante de la comunidad Atacameños. Entre otras cosas, denunciaron que por la actividad minera se había secado un río sobre el cual se había construido una represa desde la cual se trasladaba agua para la explotación minera a través de un ducto.

Las dos firmas afectadas son las multinacionales Livent, que tiene la mina Fénix, y Galaxi, que opera la mina Sal de Vida. Ahora la única firma que quedaría operando sería Exar, en el Salar de Olaroz, en Jujuy.

La decisión es un golpe a buena parte de la industria del litio. Según el gobierno nacional, hasta el año pasado había 38 proyectos de litio en distintas fases y en todo el país. Tres ya están en producción, seis en construcción y 20 en exploración avanzada. Los restantes están en otras fases. Argentina tiene, junto a Chile y Bolivia, la mayor reserva de litio del mundo, por lejos. Y su impacto económico es muy relevante, sobre todo en provincias con pobre desempeño productivo. El año pasado, por ejemplo en Catamarca el empleo privado formal alcanzó un crecimiento de 38% respecto de los niveles de prepandemia. Fue la provincia donde más creció el empleo privado en esos términos.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, no dijo nada aún. Pero anteayer, justo en una convención empresaria internacional, había asegurado que este año Catamarca iba a duplicar la producción de litio gracias a las inversiones que se hace debido a la seguridad jurídica que ofrece su provincia.

La decisión de la Corte catamarqueña se mete de lleno en un tema de alto impacto político. Jalil y los gobernadores de Jujuy y Salta se han declarado promotores entusiastas del Pacto de Mayo propuesto por Milei, justamente porque en su punto 6 se plantea adoptar “un compromiso del conjunto de las provincias para avanzar en la explotación de los recursos naturales”. Justamente las provincias con recursos mineros, petroleros, pesqueros ven en esa cláusula una especie de paraguas político protectivo para poder avanzar en las concesiones a empresas privadas pese a las oposiciones sistemáticas de sectores partidiarios, sindicales, ambientalistas y autodenominados originarios que a veces parecen bordear la extorsión económica y política.

Ahora, lo que está bajo un paraguas, son dos tercios del litio argentino que estaba efectivamente en actividad, en el país pobre que se niega a criar salmones, a sacar petróleo del mar, a dar concesiones de pesca o a extraer minerales a cielo abierto en planicies abandonadas en las que no vive una sola alma en centenares de kilómetros.