Zafar de Argenzuela

Adrián Simioni

Argentina recibió este martes la primera buena noticia en muchísimo tiempo: un acuerdo entre el Gobierno y los principales bonistas, lo cual abre el camino para evitar el noveno default pleno y abierto de la historia argentina.

¿Por qué es tan buena noticia? ¿Va a hacer que no se destruyan los miles de empleos que liquida la pandemia? ¿va a hacer que desaparezca sin dolor el billón y medio de de pesos emitido sin respaldo? ¿va a licuar el déficit fiscal y a reducir la pobreza?

Nada de eso. Cuanto mucho, generará un veranito financiero. Ni siquiera el Estado podrá volver a tomar deuda medianamente barata en dólares en lo inmediato (y ojalá no pueda).

En todo caso, a algunas empresas endeudadas en dólares desde antes podrán aflojarse la soga del cuello. O algunos gobernadores recuperarán la esperanza de poder refinanciar sus deudas externas. Como Córdoba, que tiene amontonados vencimientos por 700 millones de dólares el año que viene.

¿Entonces? ¿Por qué es buena noticia un acuerdo?

Ser o no ser un paria

Un aspecto trasciende por mucho lo meramente financiero. Tiene implicancias institucionales y hasta geopolíticas. El grado de incertidumbre en Argentina llegó a límites que van mucho más allá del riesgo país. No es casual que en el primer semestre del año se haya puesto en cuestión desde la vigencia de la propiedad privada hasta si Argentina debía alinearse o no a regímenes en los que sobran elementos para sospechar que violan derechos humanos.

Transformarse en un paria financiero internacional era la única frutilla que le faltaba a ese postre aislacionista.

Con el arreglo, la Argentina vuelve al lote de los países más o menos razonables, que juegan con las reglas internacionales, insertos en la tradición de las democracias republicanas con mercados más o menos regulados.

Para decirlo burdamente: un acuerdo aleja el riesgo de Argenzuela. Eso es mucho más importante que tres puntos en la tasa de interés.

Definan un rumbo señores

El otro aspecto positivo de un arreglo es que obliga al Gobierno a elaborar (y si ya lo tiene a exhibir) un plan, una hoja de ruta, a decirnos hacia dónde nos propone ir y bajo qué condiciones y principios. De hecho, habrá que detallárselo al FMI. Y el FMI auditará los números que dirán si el plan más o menos se cumple o no.

Un acuerdo le pone condicionamientos a la política económica. Y eso que para muchos será una limitación para los agentes de mercado será la brújula que hasta ahora no existió.

Si Argentina esquiva el default, desde septiembre de 2021 tendrá que empezar a pagar los primeros intereses de las deudas. Hay exactamente un año de changüí para empezar a poner las cosas en orden.

También desde 2021 hay que empezar a cancelar vencimientos importantes con el Fondo Monetario Internacional, que esta vez es un acreedor casi tan importante como los bonistas internacionales. La única forma de no tener que pagar esos montos cash es llegar a un acuerdo con el FMI, que será así un dador voluntario de racionalidad.

El ministro Martín Guzmán ya ha anunciado varias veces que el Estado argentino debe reconstruir su capacidad de financiarse en el mercado doméstico y en moneda local. Y eso impone otra dosis de racionalidad: si quiere eso va a tener que domesticar la emisión descontrolada de pesos.

La reconfiguración del poder

Todo eso junto nos demostrará como sociedad que no se puede seguir eludiendo una transformación y reconversión profunda de la Argentina, tanto de sus aparatos estatales como de su economía.

En definitiva, es el horizonte del que ya comenzaron a hablar las corporaciones privadas y sindicales del sector privado, hartas de esperar a que Alberto Fernández las convocara al consenso con el que había hecho tanta campaña.

En ese horizonte, eludir un default abierto en un nuevo acuerdo con la comunidad financiera internacional reacomodaría las alianzas políticas argentinas en general y de la coalición oficialista en particular.

Los sectores del kirchnerismo más ligados al aparato estatal, las industrias más prebendarias, que dependen de altos niveles de subsidios o de protección, probablemente tomen distancia.

Un acuerdo también abriría una incógnita sobre el futuro del pacto más importante de todos dentro del gobierno: el que liga a Alberto Fernández con Cristina Fernández.

No cabe duda de que la vicepresidenta siguió a pie juntillas todo lo actuado por un Ministro de Deuda que ella eligió. Y que lo que sea que se termine concretando habrá contado con su aprobación. La pregunta que queda es si ella apoyará al Presidente a remar todo lo que habrá que remar para ser consecuentes con el eventual regreso de la Argentina al mundo civilizado o si, una vez cruzado ese umbral, los caminos de ambos se separarán.