La Cámara Federal porteña ordenó este viernes a la jueza María Eugenia Capuchetti avanzar con la línea de investigación vinculada al diputado del PRO, Gerardo Milman, en la causa por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En otra resolución, el juez de ese Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, confirmó a la jueza a cargo de la causa y rechazó una recusación para apartarla que presentó la querella de la Vicepresidenta.
En lo vinculado a la investigación del intento de homicidio perpetrado por el detenido Fernando Sabag Montiel el 1 de septiembre último, los jueces del Tribunal de Apelaciones Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Bruglia dispusieron que se ordenen nuevas medidas en torno a los dichos de un testigo que vincularían al diputado del PRO Gerardo Milman, para "corroborar o descartar" la sospecha.
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El Tribunal de Apelaciones hizo lugar así de manera parcial a un planteo de los apoderados de la Vicepresidenta, José Ubeira y Marcos Aldázabal, quienes pretendían que se ordene el secuestro para peritar de los celulares de dos asesoras de Milman que estuvieron con él en el bar Casablanca, en la zona del Congreso Nacional, cuando un testigo dijo haberlo escuchado decir "cuando la maten, yo estoy camino a la costa".
Los jueces concluyeron que esa medida es "procedente" pero antes de ordenarla evaluaron que la jueza debe citar al testigo Jorge Abello a ampliar su declaración y también al diputado Marcos Cleri, quien aportó una captura de pantalla donde el primero le refería lo sucedido.
"En tal sentido, se evidencia como indispensable la convocatoria a prestar declaración testimonial al diputado Marcos Cleri -quien presentó al legajo una certificación notarial de una captura de pantalla" en la que el testigo le refirió haber escuchado esa frase en el bar Casablanca el 30 de agosto pasado, dos días antes del hecho.
También "resulta necesario que se amplíe la declaración testimonial recibida a Jorge Alberto Abello, con el objeto de averiguar si, además del mensaje que le envió a Cleri, ha comentado lo que escuchó a terceras personas, ya sea en forma presencial" o "mediante un mensaje".
Los abogados habían reclamado el secuestro para peritar de los teléfonos celulares de las dos asesoras de Milman, las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco.
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Ambas estuvieron con él en la mesa del bar cuando Abello dijo que escuchó la frase y declararon en la causa pero la jueza rechazó secuestrar sus celulares.
Ahora, el Tribunal de Apelaciones remarcó la "gravedad institucional" del hecho investigado, "el intento de dar muerte a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández".
Esto torna "imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego", explicaron.
La medida pedida por la querella de peritar los celulares resulta "procedente" pero " no admite discusión en cuanto a que debe ser llevada a cabo como ultima ratio, en tanto acarrea una intromisión al ámbito de la privacidad", agregaron.
"Se advierte como indispensable que, previo a llevarse a cabo la diligencia en cuestión, se proceda a efectuar otras menos lesivas y que, inclusive, se evidencian como más precisas a los fines perseguidos, los que se circunscriben exclusivamente a corroborar o descartar el extremo traído a conocimiento del juzgado instructor por parte del testigo", agregaron los jueces.
En otra resolución, el juez Bruglia rechazó el planteo de la querella para apartar a Capuchetti de la causa al no haber "por el momento" evidencia de riesgo de parcialidad.
Los planteos de los apoderados de la Vicepresidenta "se dirigen a manifestar su disconformidad –pueda ser acertada o no- con ciertas aristas relacionadas con el modo de llevar adelante la presente investigación, pero de ningún modo concreta una evidencia que demuestre la ausencia de imparcialidad invocada", concluyó Bruglia.
El juez escuchó a los letrados en una audiencia presencial el miércoles último, antes de resolver.
Poco después, la jueza delegó la investigación en la fiscalía federal de Carlos Rívolo.
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La querella sostuvo en la audiencia que Capuchetti incurrió en "ausencia de imparcialidad" al rechazar "en su enorme mayoría" la prueba que pidió en el caso, u ordenarla de manera "tardía".
Además argumentó que no delegó la instrucción "pero tampoco se impulsó una línea investigativa, bloqueando toda hipótesis más allá de las personas que actualmente se encuentra imputadas", entre otros motivos.
Bruglia expuso en su resolución que el atentado a la Vicepresidenta "ha puesto severamente en riesgo los preceptos y valores de convivencia democrática y del orden constitucional".
"Baste recordar la imagen de un sujeto que increíblemente logró colocar y gatillar un arma cargada con proyectiles a centímetros de la cabeza de quien detentaba en ese momento la Vicepresidencia de la Nación", advirtió.
Este "singular escenario exige, sin duda alguna, una actividad y respuesta jurisdiccional, donde impere una investigación profusa y sin demoras, en la que se considere y se agote toda línea de investigación que pueda tener algún impacto en la hipótesis delictiva", evaluó.
"Para ello, se debe priorizar la realización del universo de medidas probatorias que resulte indispensable para determinar o descartar cualquier otra participación en el hecho, más allá de la reprochada a los sujetos que ya fueran identificados y procesados", agregó.
Pese a todo ello, "por el momento no se desprende en el marco de estas actuaciones, acto alguno por parte de la magistrada interviniente que pueda inferir un objetivo y concreto dato de parcialidad", concluyó.
En la causa están detenidos y procesados con prisión preventiva por el intento de magnicidio el autor material Fernando Sabag Montiel, su pareja Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, este último como partícipe secundario.
