Las comisiones de Energías y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda firmaron un despacho para regular los biocombustibles, con el respaldo del Frente de Todos y bloques aliados, y el rechaza de Juntos por el Cambio, que quiere mantener el actual régimen.
El despacho de mayoría consiguió 49 firmas -28 en Presupuesto y 21 en Energía- y fue respaldado por el Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino, el bloque Justicialista, Frente para la Concordia Misionera, dos radicales y dos del PRO.
Los radicales que votaron a favor son José Cano (Tucumán), Jorge Rizzotti (Jujuy) y los macristas Domingo Maya (Tucumán) y Osmar Moldani (Jujuy).
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La mayoría de Juntos por el Cambio propuso extender el actual régimen hasta el 31 de diciembre de 2024, en sintonía con el proyecto de ley sancionado el año pasado por el Senado y que el oficialismo en Diputados decidió no impulsar para proponer un nuevo régimen.
El presidente de la comisión de Energía, Omar Felix (Frente de Todos), presidió la reunión desde el Salón 2 del Anexo C, mientras que el titular de Presupuesto, Carlos Heller, lo hizo en forma virtual, dado que el oficialismo consideró que el protocolo permite esa modalidad a los legisladores mayores de 60 años o con alguna enfermedad.
El vicepresidente de la comisión, el macrista Omar Demarchi, cuestionó que haya legisladores que lo hagan en forma virtual para tratar un dictamen y dijo que mandaron una nota para comunicar que no daba su consentimiento para tratar el despacho.
Las principales diferencias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se centraron en que se reduce del 10 al 5 por ciento el corte obligatorio entre el gasoil y el biodiesel, y en las atribuciones para que la Secretaría de Energía pueda aumentar o reducir los porcentajes de acuerdo a los precios internacionales.
Felix señaló que "la propuesta protege a las empresas del sector, a la actividad y, por sobre todas las cosas, cuida el bolsillo de los argentinos".
Agregó que "se evitan mayores aumentos de combustibles en surtidor, protegiendo el bolsillo de los argentinos y argentinas, tanto para los vehículos particulares como para el sector productivo en general, que necesita para su funcionamiento de precios accesibles".
El dictamen de mayoría tiene como puntos centrales que el marco regulatorio se extenderá hasta 2030 y que será del 5 por ciento el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.
En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz.
Uno de los autores del texto, Marcos Cleri, dijo que "el proyecto fue consensuado con productores y las economías regionales" y que se estableció hasta 2030 para que "puedan acceder al crédito" para realizar sus inversiones y "tener un modelo de desarrollo regional".
Agregó que "el proyecto tiene una mirada integral, que busca dotar de herramientas para que el sector privado, junto con el público, puedan planificar durante este año la inversión y la transición sin afectar el bolsillo de los argentinos".
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Por su parte, la diputada del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag, anunció su respaldo al proyecto impulsado por el oficialismo, pero pidió algunas modificaciones vinculadas al artículo referido a la sustitución de importaciones.
"Voy a votar el proyecto en general, pero me gustaría decir que es importante considerar otros regímenes de promoción que se vienen impulsando desde el Gobierno nacional, que no deberían colisionar con este proyecto de ley", agregó.
Desde la oposición, el mendocino del PRO, Omar De Marchi explicó los motivos por los cuales piden la prórroga de la actual ley y se quejó de que "no se conoce el plan energético que tiene el Gobierno nacional".
Por su parte, la radical Jimena Latorre dijo que "la disminución de los cortes del 10% y el 12% al 5%, con la posibilidad de bajar al 3%, no tan sólo es arbitrario y discrecional y no soluciona el problema, sino que va en contra de este principio de progresividad".
"Tampoco es correcto que, de un día para el otro, sin progresividad, estudio o análisis previo, se quiten estos incentivos, echando por tierra el esfuerzo realizado durante 11 años por los contribuyentes, equivalente a unos 7.400 millones de dólares", agregó.
En tanto, el diputado del justicialismo, Andrés Zottos, lamentó que la ley no se haya consensuado entre los bloques políticos, porque "es una política de Estado”.
“Hoy hablan maravillas de la Ley 26.093 y le piden la prórroga, cuando, en el momento en que se trató, hasta Macri estuvo ausente", afirmó.
En tanto, el legislador de Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez, cuestionó la iniciativa del oficialismo, solicitó "no bajar los niveles de mezcla en el caso de biodiesel ni en el caso del bioetanol" y dijo que "es una pena que no hayan opinado sobre el proyecto el Ministerio de Medio Ambiente".
La iniciativa establece que la Secretaría de Energía podrá "elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente, en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas".
De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% "cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras".
El proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
