El conflicto con la empresa finlandesa UPM (exBotnia) por la instalación de una fábrica de pasta de celulosa en Uruguay empezó en la presidencia de Néstor Kirchner y continuó en la primera gestión de su esposa, Cristina Fernández.
Ambientalistas, varios pobladores de Gualeguaychú y funcionarios de esas gestiones aseguraban que la fabricación del principal insumo para la producción del papel en la ciudad uruguaya de Fray Bentos era supercontaminante.
Para protestar bloquearon rutas y el puente que une ambas ciudades sobre aguas binacionales del río Uruguay.
El gobierno kirchnerista avaló los cortes haciendo una causa nacional de los mismos y hasta llevó su reclamo a la Corte Internacional de La Haya, tribunal que rechazó el pedido para que se frenara el proyecto y dispuso que un ente binacional haga los controles ambientales sobre el río.
Esos estudios determinaron que se contamina más desde el lado de Gualeguaychú que en la zona donde se instaló la planta de Botnia. A aquello lo sintentizó el Presidente de izquierda José “Pepe” Mujica, quien habilitó la producción de la pastera, con los datos de la cantidad del insecticida endosulfan relevada a ambas orillas. La diferencia era de 10 a 1.
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Corte ¿y después?
Hoy Uruguay tiene además de esa planta, otra perteneciente a la firma Montes del Plata en Conchillas, en el departamento Colonia y en los últimos días se confirmó que UPM tendrá una nueva planta en Paso de los Toros. Será, dicen, la más moderna del planeta, con una inversión de US$ 2.700 millones, que incluye un ferrocarril de casi 300 kilómetros de extensión hasta Montevideo.
La facturación de las plantas de celulosa ya representa el 3% del PBI uruguayo y las exportaciones de celulosa llegaron a US$ 2.000 millones el año pasado.
El sector forestal genera 25.000 empleos e invirtió US$ 10 mil millones en los últimos 15 años y en las plantas de celulosa se genera energía a partir de la biomasa que ya aporta el 15% de la generación de electricidad verde en Uruguay.
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Yo bloqueo, tu bloqueas
El periodista Juan Manuel Compte, quien desde hace cuatro meses realiza una detallada cobertura del conflicto entre el Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático (Sutna) contó el fin de semana que en la última década, Bridgestone invirtió casi US$ 400 millones en la Argentina para aumentar 40% su capacidad de producción. Que hace un año sumó un segundo turno y creció 30% en su dotación de personal, al cual le pagó un bono por resultados de casi $1 millón a cada operario.
Sin embargo, Bridgestone anunció el fin de semana la paralización temporal de su producción por la protesta del gremio trotskista. Medida a la que luego se sumó Fate y Pirelli.
El gremio pide una suba salarial que cubra la inflación y que las horas extras del fin de semana se paguen al 200%. “Compran insumos con dólar oficial y lo venden a precio internacional”, resumió Alejandro Crespo, líder del Sutna. Hubo, con la del lunes, 35 audiencias en Trabajo y hasta el momento no hay acuerdo.
Los empresarios aseguran estar hartos del bloqueo sindical a las plantas como medida de protesta. La gota que colmó el vaso fue la toma de un piso del Ministerio de Trabajo de la Nación el miércoles pasado.
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Fue tras una audiencia convocada por una funcionaria que tuvo que retirarse escoltada por la policía por temor a ser agredida por algunos delegados. Al menos hasta el lunes a la noche el gobierno no había denunciado ni los bloqueos ni las tomas.
La producción de neumáticos en Argentina está paralizada y ya afecta a la cadena automotriz, que derrama en las autopartistas metalúrgicas. El corazón de la industria metalmecánica nacional.
Seguramente la producción se reactivará pero ya hay un costo que un empresario cordobés lo resumió en una charla que mantuvimos el lunes: “¿Vos creés que después de esto Bridgestone volverá a enterrar 400 palos acá o lo hará en Uruguay, Paraguay o Brasil?”.
Desde el bloqueo por Botnia hasta el bloqueo del Sutna hay un largo camino. En juego está el incentivo a las inversiones, que por estos días florecen a la otra orilla del río.
