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El macrismo, en la mira
El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, insistió en que el armamento fue ilegal. Señaló que esto constituye un "tráfico ilícito de municiones" y "está penado con 30 años de prisión".
FOTO: Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, señaló que en noviembre de 2019 "ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros" a Bolivia, lo que constituye "tráfico ilícito de municiones" y "está penado con 30 años de prisión".
Del Castillo hizo estas declaraciones en el marco de una conferencia de prensa en la que se informó que "se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía de Bolivia" que son parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería argentina pidió sacar del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada argentina en el Estado Plurinacional.
"El tráfico de armas está penado en Bolivia con 30 años de prisión. Quiero hacer hincapié en el tema de la Argentina. En bodegas de la policía boliviana se encontró material. Una parte fue enviado legalmente y otra parte se hizo de manera ilegal y lo estamos investigando", dijo Del Castillo, quien mostró parte del armamento hallado en bodegas.
Algunas de estas balas estaban escondidas en bolsas rotuladas como "guantes" y otras estaban en cajas con el sello de la Gendarmería argentina dentro del depósito de la Policía en el que se hallaron, precisó Del Castillo.
El ministro de Gobierno boliviano exhibió hoy documentos y municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponderían al envío de material represivo por parte gobierno de Mauricio Macri cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
Detalló que las municiones fueron recibidas “sin ningún tipo de documentación” y que este hecho formó parte de un “plan continental para reprimir al pueblo boliviano”.
“En el Hércules c130 argentino venía munición y armamento autorizado por el pueblo boliviano que cumplía con todos los mecanismos solicitados, no obstante llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas”, afirmó hoy el ministro en la conferencia de prensa.
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En ese sentido detalló que el material fue trasladado a las 7 de la mañana del 13 de noviembre a la embajada argentina en Bolivia para que una vez allí “personal uniformados de Argentina realizaran la entrega a la policía boliviana”.
“Estos efectivos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas de municiones, de proyectiles de granadas para la policía boliviana. Gran parte también fue entregada a la fuerza aérea de Bolivia y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fueron utilizados en la masacre de Sacaba y Senkata”, completó.
Además, detalló que la cantidad de material no autorizado encontrado es diferentes a las que el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros le agradeció en una nota al ex embajador argentino Normando Álvarez García.
“Esto nos hace presumir que las fuerzas armadas recibieron más material aunque aún no ha sido constatado”, subrayó.
En ese marco, denunció que “existía un plan continental para reprimir al pueblo boliviano” a través del pedido de apoyo de material bélico a Argentina y Ecuador que podía anticiparse desde el 24 de julio del 2019 cuando el Gobierno del expresidente Donald Trump habló “de un supuesto fraude electoral sin prueba alguna”.
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“Esto le demostró a la comunidad internacional y al pueblo boliviano que ya se tenía un manual para un presunto golpe de Estado en nuestro país”, dijo.
Por otra parte, mostró imágenes de los elementos que ingresaron de manera ilegal encontrados en las bodegas de la policía del país andino y en algunas de las cajas se encontraba el sello de la Gendarmería argentina.
En tanto, en otra fotografía se podía ver cómo, “de manera dolosa y malintencionada, habrían tratado de esconder municiones en una bolsa de cuero” al poner un letrero con la palabra “guantes”.
“El comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, el General Jury Calderón y el embajador de argentina en Bolivia del Gobierno de Macri han vulnerado los artículos 6, 26, 28 y 29 de la ley 400 y los artículos 49 y 50 del reglamento de la misma ley y también el artículo 26 de ese cuerpo normativo”, sintetizó el ministro.
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