La Comisión de Juicio Político realizó este jueves la primera audiencia con la participación de testigos, en el marco de la etapa de recolección de pruebas del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia y, en ese marco, el oficialismo pidió citar a declarar al fiscal Carlos Stornelli por su dictamen en la causa de los chats entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles.
Antes de comenzar a escuchar a los primeros testigos, la oposición denunció "irregularidades" del proceso y se retiró de la comisión, aunque más tarde volvió para "controlar" el posible "hostigamiento" a los citados.
Los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos quienes, con diferente criterio, intervinieron en denuncias sobre los chats filtrados del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño, hoy en uso de licencia, D’Alessandro, donde hay presuntas conversaciones con Robles, mano derecha de Rosatti, en referencia al fallo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, son uno de los ejes principales donde pone el foco el oficialismo.
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"Comenzamos la etapa de producción de la prueba. En el día de la fecha, van a ser librados los oficios todos, excepto los que van dirigidos a DAJUDECO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) y tienen que ver con cruce de llamadas, para lo cual vamos a requerir la autorización del juez para llevar adelante esa prueba informativa", señaló la presidenta de la Comisión, la oficialista Carolina Gaillard.
Y agregó: "Preferimos preservar el procedimiento y llevar adelante la producción de prueba con todas las garantías y que esto sea claro, transparente y tenga la objetividad y la publicidad de cada uno de los actos".
En ese sentido, la entrerriana destacó que los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, "han sido notificados de la declaración de admisibilidad y también de que tienen la posibilidad de acceder en todo momento al expediente".
En tanto, el vicepresidente de la Comisión, el diputado de la Coalición Cívica-ARI Juan Manuel López, leyó un escrito firmado por los legisladores de la oposición que integran ese cuerpo y señaló que "hay una serie de irregularidades que se siguen manteniendo" en el proceso, así como también denunció que el procedimiento está "viciado de nulidad".
"Advertimos que la Comisión no sólo ha cometido severas irregularidades, sino que además ha avanzado ilegalmente en el marco de la etapa probatoria", indica el texto en cuestión. Y agrega: "La Comisión está llevando adelante un proceso penal paralelo".
Acto seguido, López indicó: "Ahora vamos a levantarnos para poder contar a la sociedad más sobre lo que venimos a denunciar acá".
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Ante esa decisión, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, expresó: "Una pena que no se pueda argumentar en esta comisión y que hayan recurrido a este argumento, que ya lo conocimos varias veces en el recinto. Cuando uno tiene pocos argumentos, lo mejor es levantarse e irse".
Y añadió: "Sin prueba producida, no hay posible perjuicio y, sin posible perjuicio, no hay ningún margen de acción de nulidad".
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Para este jueves, fueron convocados a prestar declaración los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos; el ex titular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema, Cristian Abritta; el subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración, Sergio Rubén Romero; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios; y Roberto Miguel Ángel Saggese, de la Vocalía de Rosatti.
La reunión tuvo momento de rispideces entre oficialistas y opositores, como cuando el diputado del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, requería al juez Ramos qué entendía por "filtración": ante ello, la integrante de la bancada de la Coalición Cívica-ARI, Mariana Stilman, se quejó de las repreguntas.
En ese momento, la kirchnerista Mara Brawer cruzó a la radical Karina Banfi por haber afirmado que la Comisión estaba funcionando como la Gestapo: "Quiero recordarle que Argentina es un país democrático y muchos de los que estamos acá, en esta Cámara, somos familiares de víctimas de la Gestapo. Le pido que no banalice situaciones que son delitos de lesa humanidad".
Ramos fue el magistrado que archivó en Comodoro Py una denuncia vinculada a los chats filtrados entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro, y el funcionario judicial Silvio Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal".
Al ser interrogado sobre ese tema, el juez ratificó lo actuado y reiteró que no podía apartarse de lo resuelto en su fallo.
En segunda instancia, fue el turno de Ramos Padilla, quien mencionó que hubo procesos judiciales basados en pruebas recopiladas por el espionaje, por lo que dijo que los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro "deben ser ratificados como válidos".
El oficialista Leopoldo Moreau indagó a Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración, sobre una inundación que afectó la documentación en el despacho de Silvio Robles, mientras que Romero desconoció saber la existencia de un chat en el que participan jueces y funcionarios y ministros.
Luego, fue el turno de Abritta, a quien Moreau le solicitó que explique el ingreso, asignación y circulación de las causas y peticiones a la Corte cuando asumió en su función, sobre todo los de trascendencia institucional, a lo que éste explicó que "la Corte nunca sorteó expedientes, siempre los asignó por materias porque tiene secretarías temáticas".
"El presidente decidía 5 según la trascendencia. Los presidentes consensuaban con los jueces de la Corte qué causas de otra naturaleza se asignaban a la secretaría 5", señaló.
