Córdoba tendrá su Protocolo de Kioto de cabotaje

Guillermo López

En 2005, entró en vigencia el protocolo de Kioto que estableció una reducción en la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que, entre otros mecanismos, creó un mercado de "bonos verdes".

¿En qué consiste? En que las empresas que no emiten o disminuyen la emisión obtienen un certificado que se lo pueden vender a las compañías o gobiernos que emiten más de lo permitido. Una industria que genera un impacto negativo al ambiente puede pagar esa falta comprándole los bonos a una empresa que planta pinos, por ejemplo.

A partir de este 15 de noviembre, Córdoba dará un paso clave a la creación de un futuro mercado de carbono provincial, lo que demuestra que pueden existir nuevos modelos productivos. Parece poco…pero es mucho.

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El anuncio

El Gobierno provincial activará la experiencia piloto del Programa de Reducción y Compensación de Emisiones de GEI para monetizar las reducciones de emisiones. Por ahora tendrá un límite geográfico –Córdoba- y técnico, solo actores en la órbita del Ministerio de Servicios Públicos.

“Es darle valor a hacer bien las cosas”, sintetizó Fabián López quien explicó que esta cartera, la cual dirige, organizará en menos de un mes la primera subasta electrónica entre oferentes (los que redujeron emisión de CO2) y compensadores (que necesiten bajar su impacto ambiental)

Por el lado de los oferentes estarán: aquellos proyectos que tengan instalaciones de generación distribuida fotovoltaica; los de generación de biogás, los generadores de biodiesel de alto consumo y las industrias que accedieron al gas natural en remplazo de combustibles fósiles de alta intensidad de carbono.

Por el lado de los demandantes de certificados para compensar, estarán: las contratistas de obra pública dentro de la órbita del Ministerio de Servicios Públicos; Organismos dependientes del ministerio de Servicios Públicos u otras entidades públicas o privadas y los funcionarios públicos

¿Cómo va a funcionar?

Habrá un Comité de Certificación de Carbono Desplazado, definido por el ministerio para habilitar bajo normas IRAM a los oferentes voluntarios (ya está abierta la inscripción) y para validar las huellas de carbono de los compensadores.

Una vez validada y cuantificada la reducción se emitirá un certificado cuantificado en Unidades de Carbono Verificadas (UCVs), donde cada unidad equivale a una tonelada de CO2.

Los actores con incentivos para compensar sus emisiones de GEI podrán adquirirlos para "pagar" su mayor contaminación. Al hacerlo, sacan de circulación los UCVs y reciben un Certificado de Carbono Desplazado (CCDs) que constata las toneladas de CO2 desplazadas.

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¿Cómo garatizarán la seguridad en este nuevo mercado?

"La trazabilidad de estos certificados se apalancará con la tecnología blockchain del BID que permitirá generar un Token criptográficos para representar los CCDs. La descentralización de esta red de blockchain está compuesta por 182 validadores", explicó López en la 9na Jornada de Infraestructura organizada por la Cámara de la Construcción delegación Córdoba.

Es decir, quien tenga un activo físico, el certificado que demuestra que dejó de emitir CO2, lo transformará en un activo digital (token) que se enviará a la plataforma -con base en blockchain- de subasta.

Quien compró este token lo recibirá una billetera virtual y en un contrato inteligente transformará (quemará) ese token en un NFT (Token No Fungible, por sus siglas en inglés) que le dará el certificado que compensó.

En una economía con síndrome de angustia permanente este tipo de ideas, que no son otra cosa que la antesala a un futuro mercado de carbono provincial, demuestra que pueden existir nuevos modelos productivos. Parece poco…pero es mucho.

Convenio con el sector de la construcción

El gobierno de Córdoba ya firmó un convenio para este programa que implica que a partir del 1 de enero los contratistas de obra pública tendrán beneficios –mejor puntaje- en futuras licitaciones si certifican su reducción de emisiones (Resolucion 308/22).

Funcionarios: a compensar

López confirmó que en esta prueba piloto los secretarios, subsecretarios y directores generales de su ministerio que viajen en avión deberán compensar la emisión que generan al viajar en avión. Y dio un ejemplo: un vuelo de Córdoba a Buenos Aires emite 63 kilos de dióxido de carbono.

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