Cristina enfrenta la séptima audiencia de alegatos tras no lograr la recusación

El juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, en el que la principal acusada es la vicepresidenta Cristina Kirchner, se reanudó esta mañana con la séptima jornada de alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. 

Superada la primera instancia de la etapa de las recusaciones, rechazadas todas el viernes a última hora, los fiscales retomaron la descripción de los hechos que, según anticiparon, derivarán en pedidos de penas severas para los 13 acusados. 

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Los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu (estos dos últimos, recusados) decidieron el viernes, en sendas resoluciones, rechazar los pedidos de apartamientos que los involucraban a ellos mismos y también los de los fiscales.

Esa decisión pasará ahora "en consulta" a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá ratificar el rechazo o podrá, en su defecto, modificar la decisión respecto de algunas o todas las recusaciones.

Ello, no obstante, no impedirá de momento la continuación del proceso, que entró en la recta final de la etapa acusatoria.

El rol querellante lo tenía la Unidad de Información Financiera (UIF), pero antes de la feria judicial de invierno anunció que no formularía acusaciones y dejó esa misión reservada sólo a la fiscalía.

A Luciani y Mola les restan la de este martes y otras dos jornadas de audiencias que, por el feriado del lunes, se extenderá hasta el lunes de la semana que viene, para luego darle lugar a los alegatos de las defensas.

En esa instancia, cada defensa dispondrá de tres jornadas para alegar, pero varios abogados habían adelantado antes de que se produjera la acusación fiscal que planeaban utilizar menos tiempo que el concedido.

La incógnita ahora es si, a raíz del tenor de las acusaciones, utilizarán todo el tiempo disponible para refutar la acusación. 

En cuanto a las recusaciones, después de la intervención de la Cámara de Casación quedará pendiente la decisión de la Corte Suprema.

Atento a que los recusantes invocaron la presunta violación de la garantía constitucional de ser juzgados por un juez imparcial, con la intervención de un fiscal "objetivo", el tema amerita la intervención del máximo tribunal.