Cuatro referentes del autodenominado espacio Revolución Federal fueron detenidos este jueves en el marco de una causa judicial, en la que se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos e, incluso, por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Los detenidos son Jonathan Ezequiel Morel, referente y vocero de Revolución Federal, y los integrantes de ese espacio, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Sabrina Basile, quienes podrían ser indagados este viernes, según informaron a Télam fuentes judiciales.
De acuerdo con el expediente judicial, los sospechosos integran una organización "desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo, que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor".
Las detenciones de los tres hombres fueron efectivizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, mientras que Basile se entregó este jueves a la tarde en el tribunal del magistrado, en el marco de una investigación a la que se le levantó el secreto de sumario y que fue delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
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Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como "caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó" el intento de asesinato de la vicepresidenta, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
Las detenciones se activaron este jueves a la mañana, luego de que Morel emprendiera un viaje en micro a Paraná, Entre Ríos, lo que, para los investigadores, implicó un riesgo para la investigación, según detallaron a Télam fuentes del caso.
Morel fue arrestado en la capital entrerriana, mientras que Sosa y Guerra fueron encontrados en sus respectivos domicilios en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una serie de 11 allanamientos realizados por la PSA.
En los operativos, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, además de materiales útiles para la fabricación de bombas incendiarias.
En horas de la tarde, Sabrina Basile, hija del exdirector técnico del seleccionado argentino de fútbol, Alfio Basile, quien no fue hallada en su domicilio durante un allanamiento, se entregó en el juzgado de Martínez de Giorgi. De allí, fue trasladada a dependencias de la PSA, donde quedó detenida, explicaron fuentes del caso.
Según el dictamen del fiscal, Morel y Sosa organizaron una agrupación de la que, después, tomaron parte Guerra y Basile.
En la causa, se indica que "el cuadro probatorio alcanzado en marco de este expediente resulta suficiente como para tener por corroborada la actividad desplegada, al menos desde el mes de mayo del corriente año 2022 hasta la actualidad, por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile -entre otras personas aún no identificadas-, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor".
Los detenidos pueden ser acusados de organizar o formar parte de agrupaciones que tuvieren por objetivo imponer sus ideas a la fuerza o infundir temor en otras personas, según explicaron a Télam fuentes con acceso a la investigación.
El artículo 213 bis del Código Penal establece que "será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el sólo hecho de ser miembro de la asociación".
También se les achacaría la supuesta incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones y la incitación a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
Las detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Pollicita a través de un extenso dictamen que le presentó el martes al juez Martínez de Giorgi, en el que enumeró distintas manifestaciones violentas convocadas por Revolución Federal, como así también las declaraciones públicas, amenazantes, esgrimidas por sus referentes.
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Entre las manifestaciones enumeradas, se encuentra la marcha de las antorchas convocada el 25 de mayo de este año frente al Congreso de la Nación, bajo consignas tales como "Basta de Cristina", "Basta de Alberto", "Los vamos a sacar" y "Van a correr".
Otra de las manifestaciones invocada por el fiscal fue la realizada en Plaza de Mayo el 9 de julio, bajo consignas como "Es hora de accionar" y "Es ahora o nunca", a la que Morel asistió con una guillotina de utilería de grandes dimensiones.
También fueron considerados por el juzgado y la fiscalía los mensajes publicados por los acusados en sus redes sociales, sus expresiones en medios de comunicación y las propuestas que realizaron en diálogos que transmitieron por Twitter Space, una herramienta utilizada para conferencias o diálogos virtuales.
El 26 de agosto, por caso, durante una de esas charlas que fue titulada "Hay que pudrirla", una persona que se supone era Morel proponía infiltrarse entre la militancia kirchnerista, que manifestaba su apoyo a la vicepresidenta en la puerta de su casa, para llevar a cabo un ataque, algo que efectivamente ocurrió cinco días después, cuando Sabag Montiel intentó asesinarla.
"Hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara, porque, si no, sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje. Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y, en cuanto puedo, paso a la historia", decía uno de los participantes de esa conversación pública.
Esa información fue presentada en el expediente por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien, además, aportó las grabaciones de otras conversaciones públicas publicadas en redes sociales, en las que se hablaba de la posibilidad de atentar contra el presidente Alberto Fernández.
La vicepresidenta Fernández de Kirchner interviene como querellante en este expediente, en el que es representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes además la asisten en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio, que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
En el escrito presentado el lunes pasado, cuando solicitó ser tenida por querellante, la vicepresidenta sostuvo que veía "probable" que existiera algún tipo de vinculación entre la organización Revolución Federal y las personas acusadas de haber querido asesinarla.
