El Ministerio de Capital Humano, del que depende el área educativa, consideró que la protesta en reclamo de presupuesto universitario tiene connotaciones políticas y se declaró “a favor” de las universidades..
En un documento emitido en las últimas horas, el Ministerio que encabeza Sandra Petovello sostiene:
- Este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos.
- Es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas. El Gobierno está al día y paga para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada.
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Luego de afirmar que desde el Ministerio de Capital Humano " nunca se desfinanció la educación universitaria pública”, sostiene que “el compromiso del Gobierno con la universidad pública se ha mantenido firme” porque “simplemente se exigió claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron”.
Precisa que eesde el ministerio, se han asignado más de 192 mil millones de pesos, “cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento (un incremento del 270%)”.
Agrega que se asignaron partidas para el funcionamiento de hospitales universitarios y aumentos salariales por encima de las pautas del Estado nacional.
En términos conceptuales, el Gobierno niega que “las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo”.
“La marcha es política y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes. Se ha transferido todo en tiempo récord, priorizando siempre la mejora del sistema educativo. Es fundamental que la ciudadanía entienda que los paros responden a decisiones políticas y no a un genuino déficit de recursos. La educación de miles de estudiantes se ve interrumpida por esta decisión política, sin motivos justificados”, enfatiza.
Lo que sigue es el planteo del Gobierno en detalle:
- Las universidades públicas han decidido rechazar una propuesta de aumento salarial adicional del 6,8% para el mes de octubre, equivalente a $17 mil millones mensuales y $56 mil millones acumulados hasta fin de año.
- Esta decisión impacta directamente en el sistema educativo, poniendo en riesgo la educación de miles de estudiantes y priorizando el conflicto por sobre la solución.
1. Rechazo al aumento ofrecido:
A pesar de que el financiamiento adicional fue otorgado, los gremios universitarios optaron por rechazar el incremento, lo que evidencia que este paro excede el ámbito salarial. No hay interés en resolver el conflicto; se trata de una postura política promovida por los gremios universitarios.
2. Administración ineficiente de los fondos:
Las universidades recibieron 192 mil millones de pesos para gastos de funcionamiento, con un aumento del 270%. Aun así, los fondos han sido desviados hacia gastos no prioritarios, en lugar de destinarse a la mejora de la calidad educativa. Además, se asignaron $49 mil millones adicionales a hospitales universitarios, de los cuales 94,8% fue solicitado por la UBA.
3. No se dejan auditar:
Es esencial auditar el uso de los fondos públicos. Las universidades, especialmente la UBA, no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos.
Es importante aclarar que la afirmación sobre las supuestas auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN) a las universidades no es correcta. En la actualidad, la AGN tiene 6 informes en proceso, y en los últimos años solo aprobó 3 informes, de los cuales solo uno está vinculado a la UBA, correspondiente a la Facultad de Psicología, auditada en 2018. Los otros dos corresponden a periodos auditados en 2017. Por lo tanto, no es cierto que las universidades, particularmente la UBA, tengan más auditorías que otros sectores del Estado.
4. Costo de estudiantes extranjeros:
El 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público.
5. Irregularidades académicas:
Solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que el 38,4% no tiene información clara sobre su actividad académica.
6. Equidad en el sistema educativo:
Las universidades públicas reflejan profundas disparidades sociales, ya que el 61,2% de los estudiantes de la UBA provienen de familias con educación superior completa, financiando así la educación de sectores privilegiados con recursos destinados a los más vulnerables.
7. Transferencias rápidas y eficaces:
Hoy, los fondos se transfieren a las universidades en un promedio de 4,6 días, contrastando con los 68,4 días que tomaban las transferencias en administraciones anteriores. Esto garantiza un funcionamiento fluido del sistema educativo.
