El Gobierno Nacional presentó este domingo su nueva propuesta de canje de deuda, una enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera y extendió el plazo de adhesión hasta las 17 (hora de Nueva York) del 4 de agosto.
La nueva oferta de canje, que alcanza a títulos por unos u$s 64.800 millones, será presentada este lunes ante la Securities Exchange Commission (SEC), la autoridad de títulos valores de los Estados Unidos.
El comunicado emitido por el Palacio de Hacienda informa también que "se enviará en los próximos días al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera".
"De esta forma, la Argentina estará cumpliendo con el compromiso de tratamiento equitativo para la deuda pública en moneda extranjera emitida bajo legislación extranjera y bajo ley argentina", señaló el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Afirmó que está es "una decisión que consideramos importante para avanzar en la profundización del mercado de capitales de modo que permita contar con una mayor disponibilidad de instrumentos de financiamiento y ahorro regidos bajo ley argentina".
Los detalles de la oferta
La nueva propuesta reconocerá los intereses corridos con un título a 2030, que pagará de manera semestral. Además, señala que los acreedores podrán optar por determinados bonos a canjear, según el título que posean.
La oferta incluye cinco títulos en dólares y cinco en euros, con vencimientos entre 2030 y 2046, con una quita de capital en torno a 3% e intereses que se abonan de manera semestral, que arrancan en 0,125% y llegan al 4,125%.
Más adelante, indica que se busca "permitirles a los tenedores de los Bonos Elegibles denominados en Euros o denominados en Francos Suizos elegir los Nuevos Bonos denominados en USD, sujeto a los procedimientos de prioridad de aceptación y los límites de los bonos".
Al existir cláusulas de acción colectiva (CAC), hay porcentajes mínimos de adhesión para cada una de las series de bonos. Una vez que se alcanzan estos umbrales, el resto de los tenedores están obligados a ingresar a la operación y deben, entonces, canjear sus títulos por los nuevos que se ofrecen.
El Gobierno apunta a lograr esos niveles de adhesión básicos a través de premiaciones para avanzar con el canje que despeje los vencimientos de los próximos tres años.
De esta manera, los primeros bonistas que acepten esta oferta final recibirán un papel por un valor mayor, de alrededor de 53,5 dólares por cada 100. Pero los que no acepten de entrada, y siempre y cuando finalmente se llegue a cumplir con las cláusulas de acción colectiva, se quedarán sin ese bono y obtendrán un valor de aproximadamente u$s 52,20.
La negociación
Uno de los mayores obstáculos con el que chocan las expectativas del Gobierno argentino es el fondo de inversión BlackRock, cuyo CEO, Larry Fink, es un lobbista de primer orden en Estados Unidos.
BlackRock -que al principio de la negociación parecía unos de los fondos abiertos a llegar a un acuerdo pero luego mutó en una posición casi intransigente- influye en las decisiones de los grupos de acreedores Ad Hoc y Exchange.
La propuesta que lleva ahora la Argentina buscará romper esa alianza y tratar de forzar a BlackRock a incorporarse al acuerdo beneficioso para ambas partes o "win win", como lo llaman en la jerga del mundo de los negocios.
“La presente oferta, así como el contenido de la propuesta de tratamiento a la porción de deuda en moneda extranjera emitida bajo legislación argentina, constituye el máximo y último esfuerzo que la Argentina puede hacer para con sus acreedores, sin entrar en una dinámica de vencimientos que ahogue la economía y comprometa seriamente la recuperación post pandemia", destaca el parte oficial.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, expresó que "hemos hecho nuestra parte sobre la base de un compromiso pleno con el principio de ponerle punto final a la crisis de endeudamiento de una forma sostenible. Esperamos que nuestros acreedores comprendan las restricciones que tenemos, y valoren nuestra voluntad de llegar a un acuerdo que funcione para todas las partes".
