El Senado de la Nación convirtió en ley en una sesión especial el Presupuesto 2023 que tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y que destina 70% de sus recursos a rubros sociales.
La discusión llevó poco más de una hora y media y el proyecto, que a principios de noviembre había sido aprobado por Diputados, fue convertido en ley por unanimidad por los 37 senadores reunidos en el recinto.
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La iniciativa obtuvo el respaldo del interbloque del Frente de Todos y sus aliados del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, de Juntos Somos Río Negro y de Hay Futuro Argentina.
La oposición de Juntos por el Cambio había anticipado su decisión de no participar de la sesión, luego de que el oficialismo resolviera mantener la decisión de designar a tres representantes por el Frente de Todos y a uno por la oposición para el Consejo de la Magistratura, en lo que consideraron un desafío al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tampoco estuvo presente la representante de Córdoba Federal, Alejandra María Vigo, quien no pertenece a ninguno de los bloques mayoritarios.
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Vigo explicó que se ausentó porque el oficialismo "enrareció el manejo parlamentario y no estaban dadas las condiciones para debatir un temario que no fue el planteado desde un principio".
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En una conferencia de prensa que brindaron en el Salón Provincias, mientras en el recinto el interbloque del oficialismo votaba la designación de María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, y el radical Eduardo Vischi al Consejo de la Magistratura, los legisladores opositores ratificaron que no bajarían a la sesión.
De hecho, como gesto de protesta, en los pupitres que habitualmente ocupan los integrantes de Juntos por el Cambio quedaron copias de la Constitución Nacional.
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Consejo de la Magistratura
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Ante la ausencia de los integrantes de la oposición, el interbloque del Frente de Todos resolvió acortar la lista de oradores de 18 a sólo cuatro, para aprobar el tema en el menor tiempo posible.
De hecho, el Presupuesto se debatió al mismo tiempo que la prórroga por cinco años de la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Bienes Personales, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque; del Monotributo, el Capital de la Cooperativa y el adicional de Cigarrillo, que vencen a fines de 2022, que en conjunto explican 32% de la recaudación impositiva.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el riojano Ricardo Guerra, describió al Presupuesto 2023 como "realista" que "financia los servicios esenciales, así como las políticas de plan del gobierno, pero en un marco de restricciones dadas por un contexto mundial muy influenciado por una guerra que tiene impacto global muy importante".
"No hay que olvidar que el país tuvo que normalizar y encauzar una deuda muy elevada que dejó el gobierno anterior y nos introdujo nuevamente en el FMI, y luego una crisis sanitaria global muy costosa y dolorosa", señaló.
A su turno, Juliana Di Tullio recordó que "venimos de un año en que la oposición nos dejó sin presupuesto nacional", al cuestionar la ausencia de la oposición en el debate.
"Nos vienen pidiendo un Presupuesto hace dos años; por suerte vino en revisión y estamos tratando de darle una previsibilidad que es muy importante para los argentinos en este marco desastroso en el que estamos", enfatizó.
A grandes rasgos, el proyecto presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y que sufrió algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, prevé un gasto total de $29 billones, mientras que los recursos alcanzarían más de 22 billones y medio.
De hecho, el proyecto pretende reducir el déficit de 2,5 a 1,9%, por un monto de más de $6,4 billones.
La pauta inflacionaria está estimada en 60% anual y se incorporó un artículo que obliga al Gobierno a mandar una corrección del Presupuesto si la recaudación o la inflación supera la meta prevista en 10% al 31 de agosto próximo.
Además, se habilitó al jefe de Gabinete a readecuar partidas para que los gastos educativos no puedan ser menores a 1,33% del Producto Bruto Interno (PBI).
Por otro lado, se incorporó el blanqueo de capitales sólo destinado a compras de viviendas usadas.
