El presidente Alberto Fernández anunció este domingo que impulsará junto a los gobernadores un "juicio político" al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, "para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones", debido al dictado de una cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre fondos para ese distrito.
"He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti", afirmó el mandatario a través de una carta, que difundió la Casa Rosada.
Agregó que "también requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal".
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"Al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere", continuó Fernández en su carta.
De esa manera, afirmó: "Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional".
Y sostuvo que es su deber "promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica".
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En diálogo con Cadena 3, el doctor Fernando Soto, abogado miembro de Usina de Justicia, aseguró que el juicio político que impulsa Alberto Fernández "es para la tribuna", no sólo porque "sabe que no conseguirá los dos tercios de votos para que se apruebe, sino que está denunciando a la Corte por un fallo y eso interfiere negativamente en la división de poderes".
"De ninguna manera el gobierno tiene dos tercios para realizar esto. Sabe que de ninguna manera va a lograr los votos para tenerlo; se hace para la tribuna y para que salga en la tapa de los diarios y no realmente para que sea así", puntualizó.
Según aclaró el especialista, "el tema está en que cada uno de estos poderes tiene la facultades propias de su poder político, entonces no debe inmiscuirse un poder político en el otro", por lo que, según aseguró, "en este pedido el reclamo es decirle el poder ejecutivo al poder judicial cómo debe juzgar, y esto no es así".
"Quienes interpretan las leyes son los jueces, no es el Presidente, las leyes las hace el congreso, nos guste o no", agregó.
Y finalizó: "Para el juicio político que promulga el Presidente, primo que no tiene los votos y segundo que no corresponde, ya que es una facultad del poder judicial".
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En el mes de diciembre, la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
Además, Fernández afirmó que en los últimos meses se ha visto "un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina" y aseguró "diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia".
La última semana, trascendieron supuestos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y el director general de vocalía de la Corte Suprema, Silvio Robles, donde discuten el fallo por coparticipación y la integración del Consejo de la Magistratura, entre otros temas.
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De esa manera, el Presidente alertó que "los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado".
Asimismo, afirmó que le ordenó al Ministro de Justicia, Martín Soria, que "promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo".
Entre los supuestos chats filtrados, también hay una conversación entre D'Alessandro y el empresario Marcelo Violante, que manejaba el servicio de grúas y acarreo de la Ciudad.
