El Gobierno estudia "alternativas superadoras" para encontrar una salida al fuerte endeudamiento y el default de la compañía agroindustrial Vicentin, en medio de las enormes resistencias provocadas por el proyecto de expropiar la empresa, ya intervenida.
Este viernes se continuará analizando la situación, en una crisis que debió ser atendida en persona por el presidente Alberto Fernández, en momentos en que se acelera la pandemia de coronavirus en la Argentina.
El jefe de Estado recibió en Olivos al CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, acompañado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y Agricultura, Luis Basterra, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Con la decisión de intervenir la empresa ya ejecutada, ahora se busca cómo encontrar una salida que permita evitar la expropiación, fuertemente resistida por la comunidad de productores santafesinos y el sector empresarial en general.
El mayor obstáculo es el enorme endeudamiento que tiene la compañía, que ronda los US$ 1.350 millones, en buena parte con el Banco Nación.
"Vengo a hablar con el Presidente. Voy a conversar con él. Creo que la salida de la empresa debe venir del sector privado", dijo Nardelli en un breve contacto con la prensa antes de ingresar a la reunión en Olivos.
Luego del encuentro, el gobernador Perotti sostuvo que el Presidente está "dispuesto a escuchar alternativas superadoras" respecto de la empresa y anticipó que este viernes se llevarán a cabo nuevas reuniones.
"El Presidente ha sido muy claro. Su objetivo es el rescate de la empresa", enfatizó el mandatario provincial al finalizar el encuentro.
En ese sentido, destacó: "Hay un mecanismo en el que, si quedan alternativas superadoras, el Presidente está dispuesto a escuchar".
"Hay una decisión del Presidente de tener un diálogo abierto y de rescatar a la empresa. Lo que quiere es que la empresa crezca", insistió Perotti, quien destacó la actitud de Fernández, porque "cualquier otro podría haber dejado que la empresa siguiera en su situación".
Adelantó, además, que este viernes "los integrantes de la empresa tendrán una reunión con YPF y el interventor Gabriel Delgado para analizar alternativas".
"Ahora hay una primera instancia, que es la de la intervención", subrayó en diálogo con la prensa.
Remarcó que la reunión fue "larga e importante", mientras evaluó: "Me parece clave que se haya abierto una instancia de diálogo productivo muy franca".
También aseguró que las "expectativas" apuntan a que ese "canal de diálogo siga".
"Terminó una larga reunión, una importante reunión, y me parece clave que se haya abierto una instancia de diálogo productivo y muy franca, y con la expectativa de que este canal siga fortalecido", dijo el gobernador de Santa Fe.
Resaltó que "toda alternativa que permita que la Argentina siga siendo un jugador clave, con jugadores nacionales, es lo que realmente importa".
La reunión se realizó horas después de que el subinterventor, Luciano Zarich, ingresó a la sede administrativa de la empresa, en la localidad santafesina de Avellaneda, junto al escribano oficial, Carlos Gaitán, y directivos de la empresa.
El lunes último, el jefe de Estado anunció la intervención de Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre pasado cayó en cesación de pagos.
El rol de los productores
Según pudo saber la agencia NA, si bien la intervención está en marcha, la idea es "abrir el juego" con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) como uno de los negociadores.
Las cooperativas son acreedoras de Vicentin por 90 millones de dólares y jugarían para dar marcha atrás con la expropiación.
La intervención actuaría en conjunto con el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que tiene a su cargo el concurso de acreedores.
El objetivo es determinar en qué condición queda la deuda, un salvataje o una liquidación de activos.
Los productores creen que el proyecto de expropiación no llegaría al Congreso por el desgaste que significa ante la resistencia de las entidades y de la población.
Otra versión que ronda en el ambiente agroindustrial es que habría una intervención de unos 60 días y no se llegaría a la expropiación.
