Garrigós de Rébori estará a cargo de las cárceles federales

En el currículum vitae de la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, designada como nueva interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), sobresale su participación como fundadora y ex presidenta de la agrupación Justicia Legítima, asociación civil que nació en 2013 al calor de los debates por la "democratización de la Justicia", que impulsaba en aquel momento el Gobierno de Cristina Kirchner.

A raíz de esas posiciones de Justicia Legítima, sumada a la afinidad de muchos de sus miembros con los lineamientos centrales del modelo kirchnerista, le valió feroces críticas de parte de sectores del Poder Judicial y de la oposición de entonces.

Se jubiló en 2018 como jueza de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires y, dos años más tarde, a los 66 años, le llega el desafío de conducir el Servicio Penitenciario Federal, luego del escándalo por presunto espionaje a dirigentes y empresarios detenidos en distintas unidades carcelarias.

Acusada de "garantista" por sus detractores -en realidad es de la escuela "abolicionista", porque garantista son todos los magistrados-, Garrigós de Rébori está alejada de una mirada punitivista sobre la problemática de los privados de su libertad y antepone una perspectiva que contempla los derechos humanos de las personas en contextos de encierro.

Por su activismo en los debates públicos, se vio envuelta en varias polémicas, como por ejemplo su defensa al intento de apartamiento que ensayó el Gobierno de Cristina Kirchner del fallecido ex juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, quien se retiró del cargo a los 97 años, cuando comenzaba la gestión de Cambiemos.

En 2017, reclamó la renuncia de los tres jueces del máximo tribunal que otorgaron el beneficio del 2x1 en el cómputo de la condena del represor de la última dictadura militar, Luis Muiña.

Garrigós de Rébori cuestionó abiertamente el proyecto de Mauricio Macri de Justicia 2020, al catalogarlo como un intento de "vaciamiento" del Poder Judicial, y también disparó contra el funcionamiento de los tribunales de Comodoro Py y de la gestión de Ricardo Lorenzetti al frente de la Corte Suprema.

A su vez, acusó al Gobierno de Macri de perseguir a jueces que fallan en contrario a los intereses de la Casa Rosada.

"Si los jueces no tuvieran ideología, serían muebles. Todos los jueces tienen ideología", esgrimió en una recordada frase para defenderse de las acusaciones que pesaban sobre Justicia Legítima por posicionarse ideológicamente sobre determinados asuntos de la política judicial.

En su momento, la nueva jefa del Servicio Penitenciario puso en duda la teoría sobre el supuesto homicidio del ex fiscal Alberto Nisman y condenó el juicio político al ex camarista Eduardo Freiler.

Más recientemente, desmintió que haya habido un plan sistemático de excarcelaciones ordenado por el Gobierno.