Un proyecto oficialista impulsa cobrarle un impuesto a los más ricos para destinar fondos a la lucha contra el coronavirus, aplicando una tasa del 1% a quienes tengan fortunas mayores a los $ 10.000 millones y llegar a una alícuota del 5% a quienes poseen más de $ 60.000 millones.
También busca aplicarle un impuesto por única vez del 10% a los fondos de inversión que hayan obtenido más de $1.000 millones de ganancias netas en su último ejercicio.
La iniciativa, cuyo texto fue publicado por el portal BAENegocios, sería impulsado por sectores cercanos al diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, de estrecha relación con la vicepresidenta Cristina Fernández.
"El proyecto sería enviado al Poder Ejecutivo", dijo al diario BAE el propio Moreau. Pero la iniciativa en la que está trabajando el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, aún no está definida. Es que Kirchner le encomendó al diputado Carlos Heller afinar la letra de un proyecto.
Consultado por la agencia NA, Heller señaló: "Nosotros no hemos presentado ningún proyecto todavía. Estamos trabajando para hacerlo hacia fines de la semana que comienza mañana".
Si pasa el filtro de la Casa Rosada, el gravamen buscará ser aprobado a toda velocidad por el oficialismo.
"Todo es posible", había señalado el presidente de la Nación cuando le consultaron sobre esa iniciativa en la conferencia de prensa en la que anunció una nueva extensión de la cuarentena, pero al mismo tiempo dijo que si avanza sería responsabilidad del Congreso.
De acuerdo con el borrador que trascendió hasta ahora de un proyecto, el impuesto será progresivo y arrancará con un gravamen del 1% para quienes tengan fortunas mayores a los $ 10.000 millones, e irá subiendo hasta el 5% para quienes poseen riquezas por más de $ 60.000 millones.
En el oficialismo estiman que el impuesto podría aportar más de 3.000 millones de dólares a las arcas del estado para luchar contra la crisis económica y sanitaria causada por el Covid-19 en la Argentina.
El proyecto que trascendió propone gravar con carácter de emergencia y por única vez a partir del día de entrada en vigencia de la ley un impuesto que se aplicará en todo el territorio de la Nación y que recaerá sobre los bienes existentes de las grandes fortunas al 31 de diciembre de 2019, estén estas situados en el país o en el exterior.
Los bienes alcanzados por el impuesto van desde los muebles e inmuebles en la Argentina y el exterior, como los aviones y barcos, pasando por el dinero y los depósitos que se hallaren en el país, hasta los títulos, las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos valores representativos de capital social.
El gravamen también alcanzará a los depósitos en instituciones bancarias del exterior y a los depósitos que permanezcan por más de treinta días en esas cuentas en el transcurso de un año.
De acuerdo con el texto del proyecto, el impuesto recaerá en las personas físicas y jurídicas privadas que tenga domicilio en la Argentina y en el exterior y alcanzará también a los fideicomisos, fondos comunes de inversión, contratos asociativos, negocios en participación, agrupaciones de colaboración y uniones transitorias.
El proyecto propone las alícuotas progresivas que pagarán las grandes fortunas:
- Cuando el valor de los bienes sea igual o superior a $10.000.000.000 e inferior a $ 20.000.000.000 se aplicará una alícuota 1%.
- Cuando se posea entre $20.000.000.000 a $30.000.000.000 se aplicará una alícuota del 2%.
- Entre $30.000.000.000 y $ 40.000.000.000 se pagará el tres por ciento, y así subiendo del 1% cada $10.000 millones de pesos hasta a los $ 60.000.000.000, donde se aplicará una alícuota del 5%.
"En ningún caso la alícuota no podrá ser superior al 20 por ciento", señala el texto.
El proyecto también impulsa un gravamen sobre todas las personas físicas y jurídicas, fideicomisos, fondos comunes de inversión que hayan tenido una ganancia neta por encima de $ 1.000.000.000 en el último período fiscal y se le aplicará por única vez una alícuota del 10% sobre la ganancia neta, que se incrementará en un uno por ciento por cada 1.000.000.000 de rentabilidad neta por encima de la base imponible.
Como en el impuesto a las grandes fortunas, la alícuota aplicable nunca podrá ser superior al 20%.
