La coalición Juntos por el Cambio rechazó este lunes la intervención y el proyecto de estatización del grupo empresario Vicentin, al señalar que la iniciativa es "ilegal e inconstitucional", en tanto que advirtió que le va a "terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos".
"El anuncio sobre Vicentin es peligroso, ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos", protestaron los principales referentes de los partidos políticos que conforman la alianza opositora en un comunicado conjunto.
Según sostienen, se trata de "una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia".
En esta línea, advierten que la intervención estatal de la empresa de exportación de granos sería "un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario", a la vez que "repite experiencias anteriores" que terminaron "costando muy caras a los argentinos", como las expropiaciones de YPF y de la empresa calcográfica Ciccone.
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En una larga lista de fundamentos al rechazo de la medida, los firmantes al documento sostienen que "el anuncio es ilegal y pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial".
"El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de intervención transitoria de empresas, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución. Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentin, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa", recalcó el comunicado.
Por otra parte, alertan que "con la excusa de la soberanía alimentaria" el Gobierno se propone con este "primer paso" avanzar "en una mayor regulación del mercado de granos", actividad que aseguran que "funciona bien y es la principal fuente de divisas del país".
"Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista", resaltan.
Otro argumento que apuntala el rechazo es que con Vicentin se reiterará la historia que el actual oficialismo ya protagonizó con las estatizaciones de YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, "a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas".
"Con Vicentin va a pasar lo mismo. Es una empresa que tenía problemas y deudas cuya responsabilidad era de sus accionistas. Ahora esos problemas y esas deudas son de todos los argentinos", lamentaron.
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Pero además, advierten que la expropiación de una empresa en problemas como Vicentin podría utilizarse como "peligroso" primer precedente en términos de seguridad jurídica para que el Gobierno pueda avanzar con la apropiación de "miles de empresas argentinas hoy al borde de la supervivencia" a raíz de las restricciones que el mismo Estado impuso a través de la cuarentena obligatoria.
"Después de lo de hoy, cualquier empresa tiene razones para sospechar que cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra en el futuro cercano", resaltaron.
"El anuncio de hoy muestra una clara intención de avanzar con la participación estatal en empresas, a pesar de haber sido desmentida por el Presidente Fernández en Formosa. Hoy nadie dijo el famoso "¡exprópiese!" chavista, pero la oposición y la ciudadanía debemos estar en pie de alerta", concluyó el escrito.
El documento lleva la firma de los presidentes de los tres partidos de la coalición, Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); además del jefe del interbloque de senadores de JxC, Luis Naidenoff; su par de Diputados, Mario Negri; el presidente del bloque de senadores del PRO, Humberto Schiavoni; y su homólogo en Diputados, Cristian Ritondo.
Repudio también en redes sociales
Otras voces de la coalición opositora se sumaron al repudio en las redes sociales, como el ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo, quien a través de Twitter afirmó que "cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación es una señal trágica".
El diputado nacional de la UCR por Mendoza Luis Petri, por su parte, dijo que "las respuestas respecto de qué hacer con Vicentin están en la Ley de Concursos y Quiebras" ya que "allí se regula qué hacer con una empresa en concurso".
"Eso es lo que diferencia un estado de derecho, su seguridad jurídica, algo que con este gobierno empieza a brillar por su ausencia", subrayó.
El diputado nacional del PRO Luciano Laspina señaló que tiene "dudas sobre la expropiación de Vicentin a la luz del antecedente de YPF, que costó Usd 8.000 millones y un juicio por 13.000 millones en NY, y aún se esperan los beneficios".
En tanto, el diputado radical Ricardo Buryaile enfatizó: "Dijeron #soberaniamonetaria y estarizaron #Ciccone, dijeron #soberaniaenergetica y estarizaron #YPF, ahora dicen #SoberaniaAlimentaria y expropiaron #Vicentin #MorenoVive".
Por la Coalición Cívica, el legislador nacional Juan Manuel López destacó que existen "horribles antecedentes" para desconfiar de la expropiación de Vicentin, como son los casos de Ciccone e YPF.
