La Legislatura pide la desclasificación de archivos sobre Río Tercero
En el texto aprobado, la Unicameral les solicita a los diputados y senadores cordobeses que realicen este pedido al Ejecutivo Nacional en torno a las causas de la tragedia provocada en 1995.
14/04/2025 | 14:36Redacción Cadena 3
La Legislatura de Córdoba aprobó una resolución que marca un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y justicia por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995, un atentado que dejó cicatrices imborrables en la ciudad y el país.
Impulsada por el legislador Matías Gvozdenovich, la iniciativa solicita a los representantes cordobeses en el Congreso Nacional que insten al Poder Ejecutivo a desclasificar los expedientes vinculados tanto al atentado como al escándalo de contrabando de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, durante el gobierno de Carlos Menem.
La resolución, aprobada en la quinta sesión ordinaria del 147° período legislativo bajo la presidencia de Facundo Torres Lima, reafirma el compromiso con las víctimas y sus familias, quienes aún esperan respuestas definitivas.
“Todos los hechos ocurridos merecen ser conocidos por todos y, sobre todo, por aquellos que sufrieron y aún sufren las graves consecuencias, psicológicas, afectivas y patrimoniales, del atentado más siniestro que se recuerde en Argentina”, sostiene el texto aprobado, subrayando la necesidad de transparencia en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente.
Un día de horror imborrable
El 3 de noviembre de 1995, a las 8.55 de la mañana, una serie de explosiones devastó la Fábrica Militar de Río Tercero, un pilar de la producción de armamento en Argentina. Las detonaciones, originadas en la planta de carga y el depósito de expedición, desencadenaron una lluvia de proyectiles y escombros que arrasó barrios cercanos como Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino. Casas, escuelas y comercios quedaron reducidos a escombros.
El saldo fue trágico: siete personas perdieron la vida (Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela), más de 300 resultaron heridas y miles de familias sufrieron pérdidas irreparables.
La ciudad, de unos 44 mil habitantes, quedó sumida en el pánico, con un 10 por ciento de su población emigrando por temor a nuevos estallidos y miles de personas autoevacuándose.
El entonces presidente Menem calificó el hecho como un “accidente” pocas horas después, pero esta versión pronto se desmoronó.
Las explosiones no fueron un error técnico, sino un acto deliberado, según revelaron investigaciones posteriores.
La ciudad, conocida por su tranquilidad, se convirtió en el epicentro de un escándalo que combinó corrupción, traición y encubrimiento.
Para borrar huellas
La Justicia estableció que las explosiones de Río Tercero fueron un atentado orquestado para destruir pruebas del contrabando ilegal de 6.500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, en violación de embargos internacionales impuestos por la ONU y la OEA.
Durante el gobierno de Menem, Argentina trianguló armamento que, según decretos secretos firmados por el expresidente, debía destinarse a Panamá y Venezuela, países que nunca recibieron los envíos.
La Fábrica Militar de Río Tercero jugó un rol clave en estas operaciones: allí se reacondicionaban cañones, se borraban números de serie y se preparaban las armas para su traslado a Buenos Aires o Ezeiza.
Una pericia contable reveló que, al momento de las explosiones, faltaban entre 24 mil y 49 mil proyectiles en el inventario de la fábrica, evidencia de un desvío masivo.
La noche previa al atentado, según determinó el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, personas no identificadas ingresaron al predio para instalar detonadores y preparar el estallido.
Los peritajes confirmaron que las explosiones fueron provocadas intencionalmente, con un diseño que maximizó la destrucción de pruebas.
El atentado buscaba encubrir el escándalo de contrabando, que amenazaba con exponer a funcionarios de alto rango, militares y empresarios.
Ecuador, en guerra con Perú, y Croacia, en conflicto en los Balcanes, fueron los verdaderos destinos de las armas, violando tratados internacionales y comprometiendo la neutralidad argentina.
La causa judicial
El proceso judicial por las explosiones de Río Tercero y el contrabando de armas fue largo y complejo, con avances parciales y preguntas sin resolver.
En 2014, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba condenó a cuatro exmilitares por el atentado: Carlos Franke, Edberto González de la Vega, Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto recibieron penas de entre 10 y 13 años de prisión por “estrago doloso agravado por la muerte de personas”.
Sin embargo, la sentencia no identificó a los autores intelectuales ni esclareció la cadena de mando detrás del atentado.
Por el contrabando de armas, Menem fue condenado en 2013 a siete años de prisión por “contrabando agravado”, pero nunca cumplió la pena debido a sus fueros como senador y posteriores recursos legales.
En 2018, fue absuelto por la prescripción de la causa, una decisión que generó indignación en Río Tercero.
Otros implicados, como el exministro de Defensa Oscar Camilión y el traficante de armas Diego Palleros, también enfrentaron procesos, pero las condenas fueron limitadas y varios acusados fallecieron sin rendir cuentas.
La causa sigue abierta en algunos aspectos, con expedientes clasificados que podrían contener información clave sobre los responsables últimos del atentado y las maniobras de encubrimiento.
La falta de acceso a estos documentos ha sido una barrera para las víctimas y sus familias, que desde hace tres décadas reclaman justicia plena.
Las explosiones de Río Tercero no solo dejaron un saldo humano y material devastador, sino que también erosionaron la confianza en las instituciones.
El atentado expuso un sistema de corrupción enquistado en el Estado, con vínculos entre el poder político, las Fuerzas Armadas y redes internacionales de tráfico. La ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia, con marchas anuales y un Monumento a las Víctimas que recuerda la tragedia cada 3 de noviembre.
La resolución de la Legislatura cordobesa llega en un contexto de renovado interés por la transparencia. La desclasificación de los expedientes podría arrojar luz sobre figuras clave que eludieron la justicia y detalles operativos del contrabando. Además, reforzaría el derecho de las víctimas a conocer la verdad, un reclamo respaldado por organismos de derechos humanos y la sociedad civil.
En paralelo, el pedido abarca el escándalo de contrabando, que tuvo implicaciones diplomáticas.
La venta de armas a Ecuador tensó las relaciones con Perú, mientras que el envío a Croacia comprometió la posición de Argentina en el escenario internacional.
La desclasificación podría revelar hasta qué punto estas operaciones fueron conocidas o avaladas por otros sectores del gobierno y aliados extranjeros.
Un paso hacia la justicia
La aprobación de esta resolución es un gesto de apoyo a los riotercerenses, que han convertido su dolor en una lucha incansable.
Como señala el texto legislativo, las consecuencias del atentado –psicológicas, afectivas y patrimoniales– persisten en una comunidad que no olvida.
La desclasificación de los expedientes no solo podría cerrar heridas abiertas, sino también sentar un precedente contra la impunidad en casos de corrupción y abuso de poder.
