Lázaro Báez pidió postergar su declaración indagatoria

El detenido empresario Lázaro Báez pidió postergar su declaración indagatoria ante el Tribunal que lo juzga por presunto lavado de dinero junto a sus cuatro hijos.

Báez tenía previsto hablar este miércoles por primera vez ante los jueces del Tribunal Oral Federal 4 en el debate por la llamada "ruta del dinero K", pero su defensa pidió postergar el trámite, informaron fuentes judiciales.

Pese a ello, el detenido empresario igual fue trasladado a los tribunales federales de Retiro para estar presente en una nueva jornada del juicio porque los jueces deben resolver sobre este planteo.

Semanas atrás, el dueño de Austral Construcciones, que se encuentra detenido hace más de tres años años (abril de 2016), había pedido hablar por primera vez ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, por lo que se le fijó fecha para la audiencia de este miércoles.

Báez había dejado pasar la posibilidad de declarar en indagatoria en el comienzo del debate oral que lleva más de un año, por supuestas maniobras de lavado de dinero.

“El señor Lázaro Báez quiere ampliar su declaración indagatoria pero su deseo es realizarla una vez que terminen todas las declaraciones testimoniales”, dijo su abogada.

El señor Lázaro Báez quiere ampliar su declaración indagatoria pero su deseo es realizarla una vez que terminen todas las declaraciones testimoniales

Antes del inicio de la etapa de alegatos finales, está previsto que declaren otros acusados como el "arrepentido" Leonardo Fariña, uno de los hijos del empresario, Leandro Báez, el contador Daniel Pérez Gadin y el abogado Jorge Chueco.

El debate oral está encabezado por el TOF 4 que preside el juez Néstor Costabel y está integrado también por las magistradas Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti.

Según fuentes judiciales, hasta fin de año expondrán las partes del caso en alegatos que continuarán durante febrero próximo y habría veredicto en el primer trimestre de 2020.

Los Báez y otros 20 procesados están acusados por maniobras para ingresar al circuito financiero legal al menos 60 millones de dólares, dinero supuestamente obtenido de manera ilícita con obra pública adjudicada durante el kirchnerismo.