Le otorgaron prisión domiciliaria al "Rey de la Salada"

La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora otorgó este viernes la prisión domiciliaria con tobillera electrónica a Jorge Castillo, conocido como el "rey de La Salada", quien estaba acusado de liderar una asociación ilícita y además por tentativa de homicidio.

El beneficio fue firmado por la Sala N° 3 de la Cámara, y en el mismo fallo se ordena la confección de un informe al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de la casa en la que vivirá Castillo, para que los profesionales evalúen si están dadas las condiciones para que sea monitoreado a través de la tobillera. .

Ese informe, según confirmaron fuentes del SPB, podría demorar varios días, ya que recién este viernes fue solicitado por la justicia.

En el fallo, los jueces Martín González, Jorge Tristán Rodríguez y Tomás Bravo, consideraron que, una vez que finalizó la instrucción de la causa, no existen peligros procesales que sostengan la decisión de mantenerlo detenido por la causa en la que estaba imputado por el delito de tentativa de homicidio.

"Entendemos que disponer un arresto domiciliario con tobillera electrónica deviene ahora en una alternativa legítima y confiable", señalaron los magistrados en el fallo, que tras la investigación quedó demostrado que Castillo no quiso dispararle a los efectivos cuando estos fueron a su casa a realizar un allanamiento.

Además, los jueces tuvieron en cuenta que Castillo tiene más de 60 años, y "cuenta con un grupo familiar con capacidades de contención".

Castillo permanece detenido desde el 20 de junio de 2017, cuando fue apresado en su casa de un country de Luján por un grupo de efectivos de la Bonaerense que entró a su mansión y este respondió con una balacera.

Uno de los tiros le causó graves heridas en un ojo a un efectivo que participó del operativo.

En tanto, y en otra causa, en marzo de este año el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Pablo Augé, procesó con prisión preventiva a Castillo, por los delitos de lavado de dinero y evasión impositiva cercana a los 350 millones de pesos.

La medida fue decidida por Augé, tras una demanda iniciada por la AFIP.