Voy a empezar como cuando íbamos al colegio y escribíamos la fecha en el cuaderno.
Hoy es 20 de mayo de 2020.
Lo hago simplemente para recordarle a los funcionarios nacionales, provinciales y municipales, que en Córdoba llevamos 38 días de paro del transporte interurbano y 13 días de paro del transporte urbano.
Y no aparece ninguna solución.
¿Estarán tan ocupados con el virus que se olvidaron del transporte?
En realidad, se están olvidando de toda la gente que viaja en colectivo y de los choferes que no cobran sus sueldos.
Pero también se olvidan de los empresarios del transporte que se enfrentan a una situación límite: no tienen pasajeros por la pandemia, no tienen tarifa porque no les permiten cobrar lo que vale un viaje, y encima ahora no le dan los subsidios para subsistir durante la cuarentena.
¿Las consecuencias? Imposibilidad de pagar sueldos, deudas con proveedores, atraso en las obligaciones impositivas, suspensión de pago a acreedores prendarios, cheque rebotados, y algunos casi en la quiebra.
Yo hace algunos días decía que, con este panorama, si fuera empresario del transporte voy a la Casa de Gobierno, les dejo las llaves y que se hagan cargo ellos –los políticos– de hacer funcionar la empresa, pagar los sueldos, comprar colectivos nuevos y de todo lo demás.
Ayer, los empresarios de colectivos del interior se declararon en default y pidieron que el Estado se haga cargo de la crisis.
Según cuenta Juan José Domínguez en La Voz, el vicepresidente de Fatap, Gerardo Ingaramo, dijo que las empresas tienen un déficit conceptual de 1.700 millones de pesos para empezar a funcionar y pagar los salarios.
Transportaban 200 millones de pasajeros mensuales en todo el país y ahora están transportando solamente el 10% con una pérdida mensual de 5 mil millones de pesos.
Al borde del abismo, el empresario dijo que "esto es una crisis terminal".
Y sin embargo ahí están los gobiernos, tirándose la pelota unos a otros, sin que nadie solucione el problema.
La verdad es que no se puede entender tanta inacción, sobre todo de gobiernos que viven diciendo que están cerca de la gente y que la cuidan.
Han pasado tantos días que ya no se si se trata de despreocupación, de insensibilidad o de negligencia en el manejo de la situación.
¿O pensarán que policías, enfermeros, personal de limpieza y otros trabajadores que prestan servicios escenciales o que desarrollan tareas en hospitales o en geriátricos van todos a trabajar todos en sus autos?
Ya se que el paro viene bien para que la gente no circule en el transporte público. Pero qué pasa con aquellos que prestan un servicio escencial y que deben obligatoriamente que ir a trabajar y que ni siquiera tienen un servicio mínimo para transportarse.
Va a ser muy interesante ver qué pasa hoy en la Legislatura de Córdoba, donde realizará una sesión ordinaria a través de Zoom. Y sobre todo, va a ser interesante escuchar qué dicen los representantes del pueblo sobre este conflicto interminable. Sobre todo, los legisladores del oficialismo, que son los mismos que aprobaron que el transporte sea un servicio esencial.
El radicalismo presentará un proyecto de resolución en el que le solicitará la renuncia del secretario de Transporte, Franco Mogetta. Como si la culpa la tuviera Mogetta o como si la resolución del conflicto dependiera de Mogetta.
A mi me parece que la decisión política es de la Nación, que debería federalizar el reparto de los subsidios y que excepcionalmente debería ayudar a destrabar el conflicto.
Y también los gobiernos provinciales tienen su parte ineludible: cuando firmaron el consenso fiscal, de alguna manera convalidaron que la responsabilidad en cuanto a los subsidios y a los aportes quedara en las provincias.
Ni la Provincia ni la Municipalidad quieren poner el dinero para resolver el paro. Dicen que no tienen.
Se entiende que tampoco hay tanta presión social para que se destrabe el conflicto porque no hay tanta necesidad de viajar, como si pasó con el extenso paro de 8 días en el 2017.
En aquella oportunidad se aprobó una ley provincial, la 10.461, que declaró al transporte urbano como servicio esencial.
En aquel momento nos preguntábamos si los legisladores no estaban haciendo fulbito para la tribuna, aprobando una ley que después no se cumpliría.
Comprobado: la ley existe pero desde el Estado nadie parece reclamar ni respetarla.
En la ciudad igual: hay una ordenanza municipal del 2012, la 12096, que marca al transporte como servicio esencial y tiene un capítulo entero dedicado a cómo se hay que actuar en estos casos y cómo se conforma la comisión técnica de garantía para que el servicio tuviera el 30% de la prestación.
Parece letra muerta.
A veces pienso que habría que enviar una misión cordobesa a Mendoza para que vean cómo hacen allá, donde si hay paro hay un servicio mínimo de transporte.
Hace rato que, en este y en otros ámbitos, Mendoza es un ejemplo que Córdoba debería seguir.
No es un paro con poco aviso que sorprendió de madrugada a los funcionarios.
Llevamos 13 días sin transporte urbano y 38 sin el interurbano.
Y sin embargo nadie pone la cara y, lo peor, nadie da una respuesta.
