El Gobierno, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), actualizó este jueves el Presupuesto Nacional de 2021 para "adaptarlo a las condiciones actuales" de la economía.
El Poder Ejecutivo recurrió a un DNU para oficializar el presupuesto de este año ya que no logró la aprobación parlamentaria del proyecto que había presentado en septiembre de 2021.
Ahora, a través del Decreto 331/2022, modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2022, en un extenso anexo de más de mil carillas.
Según el Gobierno, el DNU se firmó para "fortalecer la planificación presupuestaria y alcanzar los objetivos fiscales planteados en el marco del programa económico", por lo cual consideró necesario "adaptar el marco presupuestario a las condiciones actuales".
El resultado presupuestario que se deriva de ese decreto es consistente con una proyección de déficit primario del Sector Público Nacional (SPN) de 2,5% del PBI, tal como acordó el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre los puntos principales, se estableció que poco más de $60 mil millones se destinarán al "pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario".
En este caso, el jefe de gabinete, Juan Manzur, fue autorizado a ampliar el límite de fondos y a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a esa decisión.
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Por otra parte, la Casa Rosada mantuvo el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública dispuesto en la Ley N° 27.591 hasta la finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001.
Además, autorizó al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a emitir Letras de Liquidez del Tesoro en pesos a descuento (LELITES) hasta alcanzar un importe máximo en circulación de valor nominal $100 mil millones para afrontar las emisiones que se realicen durante diciembre de 2022 y cuyo vencimiento se produzca en enero de 2023.
Según lo dispuesto, esos instrumentos serán intransferibles y no contarán con cotización en Bolsas y mercados de valores locales o internacionales; serán emitidos a plazos menores o iguales a 30 días y podrán ser suscriptos únicamente por los Fondos Comunes de Inversión (FCI) registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Asimismo, a través del DNU se estableció que las futuras suscripciones de títulos públicos cuya moneda de pago sea pesos se puedan realizar con instrumentos de deuda pública con igual moneda de pago.
Por su parte, el Ministerio de Economía fue facultado para la emisión y colocación de títulos de deuda pública denominados "Bonos de Consolidación Décima Serie", en pesos y a un plazo de siete años.
También, el Poder Ejecutivo estableció como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales de la Anses, la suma de algo más de $58,4 mil millones.
Ese organismo será el encargado de determinar los montos totales a transferir a cada provincia.
En tanto, se prorrogó al Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros, por un importe de $38 mil millones, para "continuar brindando un marco transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones asistidas en tal sentido por parte del Estado nacional".
En este caso, el Ministerio de Transporte será el encargado de establecer los criterios de asignación y distribución de ese fondo; por su parte, las provincias que adhieran deberán juntamente con las empresas de transporte implementar el sistema de boleto único electrónico.
Algo más de $5,8 mil millones fueron asignados al Fondo Nacional de Empleo, para la atención de los programas de empleo del Ministerio de Trabajo.
Por último, se aprobó el aporte de la Argentina al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por 2,5 millones de dólares.
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