El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguró que el Gobierno planifica una inflación interanual a diciembre del 139,7 por ciento y una devaluación del 2% mensual. También dijo que el dólar oficial estará para fin de año en los 1016 pesos.
Así lo expresó este miércoles durante la exposición del informe de gestión 139° ante el Senado de la Nación, donde también apuntó a los piqueteros y defendió el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases.
Su pronóstico económico fue tras la pregunta de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza): "Pasando a las preguntas de la senadora Fernández Sagasti, en cuanto al presupuesto prorrogado en Economía, el Producto Bruto de este año se proyecta con una caída del 3,5 por ciento".
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En esa línea, Posse continuó: “Además, el tipo de cambio nominal, el A3500 del Banco Central con el dólar, se proyecta para 1016 pesos (58 por ciento de crecimiento interanual). La inflación se proyecta en un 139,7 por ciento interanual a diciembre de 2024".
Durante la exposición, el senador y titular del comité bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Abad, pidió incorporar la educación al Pacto de Mayo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, admitió que lo están estudiando.
"¿Cuál es la prioridad que tiene el gobierno con la educación pública argentina? Además, permítame hacer una sugerencia… En el Pacto de Mayo incorporen a la educación porque los pactos no pueden ser de adhesión, los pactos tienen que ser de concertación", sostuvo Abad.
Tras la intervención de Abad, Posse respondió: "Estamos pensando y estudiando su propuesta de incluirla en el Pacto de Mayo".
Por otra parte, aseguró que los grupos piqueteros implementaron un sistema “de esclavitud moderna" con respecto al manejo de los planes sociales.
"Ninguno de nosotros imaginaba lo que encontró la Justicia esta semana en los allanamientos que realizaron: un sistema de estructura piramidal y tremendamente autoritario", advirtió Posse.
En esa línea, continuó: "Era un sistema de castigos y amenazas. Entre los castigos se incluía la baja de categoría y volver a la lista de espera y así volver a quedar fuera del sistema de alimentación".
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"Uno de los beneficios de los cargos superiores de la estructura era forzar a la gente de los niveles inferiores a vender comida que era entregada por el Estado y quedarse con la ganancia", sumó.
Para el funcionario de la administración nacional, este sistema es "muy parecido a un esquema de esclavitud moderno".
Por otra parte, defendió el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) al sostener que las grandes inversiones requieren seguridad jurídica.
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"Permite inversiones de gran volumen que requieren de seguridad jurídica, que lamentablemente nosotros no hemos mostrado que genere confianza", explicó.
Al finalizar la lectura del informe, respondió las preguntas de los senadores como parte de la primera aparición pública del líder de la mesa de conducción ministerial y una de las figuras de mayo confianza del presidente Javier Milei.
Posse también hizo referencia al cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), los recortes presupuestarios en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el presupuesto universitario.
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Según explicó, el "INADI contaba con un presupuesto de 2.800 millones de dólares al año, gastando 8 millones de pesos en alquiler con 400 empleados, pero tenía 7 expedientes sin tramitar".
En referencia al INCAA, argumentó: "Si bien tenía un ingreso proveniente del precio de las entradas y otros mecanismos, lo que generaba 12 millones de dólares al año, tenía un déficit adicional de 4 millones que solventaba el Estado Nacional".
Para Posse, de 176 películas que financió el año pasado el instituto, dos de ellas tuvieron "uno y cuatro espectadores" en todo el tiempo de exhibición y “otra cinco". "Otras 12 películas no llegaron a los 100 espectadores, cien no alcanzaron los 1.000 y, solo cinco, superaron los 6.000 sin llegar a los 8.000", agregó el funcionario nacional.
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Con respecto al presupuesto universitario, señaló que el Gobierno acordó con las "universidades levantar la emergencia". "Se estaba afrontando un 70% en marzo y un 70% en mayo, también se hizo un adicional para los hospitales universitarios", sumó.
"Entendemos que la educación pública es un derecho y que auditar los gastos, financiados con fondos de todos los argentinos, es una obligación", reflexionó Posse.
