Con el espaldarazo público del presidente Javier Milei, la diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley que busca retirar los honores, custodia y derecho a percibir pensiones vitalicias de privilegio a funcionarios públicos que hayan sido condenados por cometer delitos durante el ejercicio de la función pública.
"Tiene que ver con todos aquellos delitos que tengan que ver con violencia de género, violaciones, agresiones y abusos sexuales, queremos que contengan una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos", amplió a Cadena 3.
Su par de bancada amarilla, en tanto, Damián Arabia, presentó un proyecto en la misma línea, aunque acotado a ex presidentes y ex vicepresidentes, e incluye no solamente los delitos cometidos durante la gestión sino también aquellos cometidos “con posterioridad”.
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“Excelente iniciativa”, destacó Milei con letras mayúsculas en una publicación en la red social X, retuiteando el anuncio de Giudici sobre la presentación de su proyecto.
Para los delitos por causas de corrupción, incumplimiento de deberes de deberes de funcionario público y delitos contra la integridad sexual, el proyecto de la ex titular de Enacom exige una condena firme en segunda instancia para retirar la pensión vitalicia de privilegio.
Adicionalmente, se plantea la modificación del artículo 119° del Código Penal, con el fin de establecer rangos de penas de hasta 20 años de prisión por los delitos de abuso sexual.
En tanto, se dispone la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a las personas condenadas por los mencionados delitos.
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A su vez, se cancela la custodia que brinda la Casa Militar a ex presidentes, ex vicepresidentes, y a sus familiares directos "en caso de condena por ser autor, coautor o partícipe de delito cometido mientras se encontrasen en ejercicio de función pública”.
La propuesta fue presentada en medio de la conmoción que genera judicial contra Alberto Fernández por violencia de género y lesiones a su expareja Fabiola Yañez.
“Alberto Fernández degradó la investidura presidencial a tal punto de ser el primer mandatario acusado de golpeador en la historia reciente. Es necesario que los argentinos digamos fuerte y claro que este señor no merece ser tratado con los privilegios de un ex mandatario", indicó Giudici.
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La iniciativa lleva también las firmas de sus compañeros de bancada Emmanuel Bianchetti, María Florencia De Sensi, José Nuñez, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Verónica Razzini, Karina Bachey, Gabriel Chumpitaz, Patricia Vásquez y Sergio Capozzi.
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Por su lado, Arabia presentó un proyecto que dispone la quita de la pensión vitalicia de privilegio cuando mediare una sentencia penal firme, y suspensión provisorio mientras está en curso el procesamiento.
Se aclara en el artículo cuarto que las personas alcanzadas por esta medida podrán acceder a “un beneficio previsional del régimen público ordinario”, pero no a una pensión de privilegio.
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En los fundamentos, Arabia sostiene que “los beneficios otorgados a quienes han ocupado los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación deben ser compatibles con los principios de integridad y responsabilidad que rigen el desempeño de tales funciones”.
A su vez, el diputado del PRO indica que "la Ley 26.475 ya establece un precedente, al disponer la extinción de beneficios obtenidos por aquellos funcionarios que se desempeñaron durante el "Proceso de Reorganización Nacional".
Según señala, “las pensiones graciables que reciben los expresidentes y ex vicepresidentes no se basan en los aportes hechos durante su gestión, sino que son un gesto de generosidad de la nación, a través de decisión administrativa del estado, para asegurarse de que no enfrenten dificultades económicas después de dejar el cargo”
“Pero cuando una de estas personas comete un delito, rompiendo la confianza que se les otorgó, es lógico y justo quitarles ese beneficio”, explica Arabia en el texto.
“Este proyecto no solo busca hacer justicia en términos de equidad y ética pública, sino que también pretende enviar un mensaje inequívoco de responsabilidad social, mostrando que quienes han ejercido los más altos cargos de la Nación deben estar sujetos a las mismas normas y restricciones que cualquier otro ciudadano”, concluye.
La iniciativa lleva también la firma de sus compañeros de bloque José Nuñez, Sabrina Ajmechet, Sergio Capozzi, Emmanuel Bianchetti y Ana Clara Romero.
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El proyecto fue presentado en medio de la conmoción a raíz de la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género y lesiones a la ex primera dama Fabiola Yañez.
Informe de Mauricio Conti.
