Guillermo Alberto Francos ocupaba hasta ahora el estratégico Ministerio del Interior en el gobierno de Javier Milei, desde el pasado 10 de diciembre, pero, tras la renuncia de Nicolás Posse, aceptada por el mandatario nacional, pasará a ser el nuevo jefe de Gabinete.
Nacido el 20 de abril de 1950 en Puerto Belgrano, Francos es un abogado con una larga trayectoria en la política, tanto en la gestión pública como privada.
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El nuevo jefe de Gabinete estudió Derecho en la Universidad del Salvador y comenzó su carrera política en los años ‘70, trabajando como secretario privado del Ministerio de Justicia.
En los ‘90, fundó junto a Domingo Cavallo el partido Acción por la República y fue elegido diputado nacional en 1997, cargo que mantuvo hasta 2000.
En el sector privado, Francos trabajó en el Grupo Eurnekian, ocupando puestos directivos en Aeropuertos Argentina 2000 y LAPA.
En 2007, fue nombrado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires por el gobernador Daniel Scioli, donde creó la Provincia Microempresas, una iniciativa para otorgar créditos a microemprendedores.
En 2019, fue designado por el presidente Alberto Fernández como representante de Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y renunció a este puesto en 2023 para unirse a la campaña presidencial de Milei.
Como ministro del Interior, Francos tuvo la responsabilidad de mantener el contacto con los gobernadores provinciales para obtener la media sanción en diputados de la Ley Bases.
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La tarea de Francos en su nuevo cargo
La Jefatura de Gabinete de Ministros fue incorporada a la Administración Pública Nacional en 1994, año en el que la Constitución Nacional fue reformada.
En el artículo 100, se establecen las misiones y funciones del jefe de Gabinete de Ministros.
A partir de la llegada de Milei a la Presidencia, la Jefatura de Gabinete comenzó a concentrar poder, desde la decisión sobre el futuro de las empresas públicas hasta las políticas en la Administración Federal de Inteligencia (AFI).
El máximo titular es el órgano no electivo, designado por el mandatario nacional, que la Constitución pone al frente de la administración y de la relación del Poder Ejecutivo Nacional con el Legislativo.
Sus funciones pueden agruparse en legislativas, administrativas y de coordinación.
Legislativas: cada año, envía al Congreso el proyecto de ley del Presupuesto General de gastos y recursos de la Administración Pública Nacional. Por medio de su firma, refrenda los decretos reglamentarios de las leyes, prorroga las sesiones ordinarias del Parlamento y convoca a sesiones extraordinarias. Periódicamente, rinde cuentas sobre el rumbo del gobierno y responde por escrito los pedidos de informes que le fueren formulados.
Administrativas: nombra a los empleados de la administración pública, recauda las rentas de la Nación, ejecuta el presupuesto y cumple con las delegaciones que le formulara el Presidente.
Coordinación: ejerce la administración general del país, trabajando junto al gabinete de ministros y sus funcionarios, coordinando las tareas a su cargo y haciendo un seguimiento de las políticas públicas diseñadas. Convoca semanalmente a las reuniones de gabinete y las preside en caso de ausencia del Presidente.
Atribuciones establecidas en la Constitución Nacional: el jefe de Gabinete tiene responsabilidades políticas ante el Congreso de la Nación, como cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la legislación vigente, ejercer la administración general del país y asistir al Presidente de la Nación en la conducción política de dicha administración.
También debe coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo Nacional con ambas Cámaras del Congreso, producir informes mensuales relativos a la marcha del Gobierno y dictar Decisiones Administrativas para ejercer las facultades que le atribuye la Constitución Nacional y aquellas que le delegue el Presidente de la Nación.
Aspectos adicionales: el jefe de Gabinete debe intervenir en la distribución de las rentas nacionales, coordinar las relaciones fiscales entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entender en la evaluación y priorización del gasto.
Además, debe velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Poder Judicial y participar en la definición de prioridades vinculadas con el financiamiento proveniente de organismos internacionales.
