Retiro de dinero: piden indagar a funcionarios de TV Pública

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó investigar a funcionarios de la TV Pública  por el presunto retiro discrecional de dinero de las cuentas del canal, sin haber seguido los procedimientos administrativos. 

Sospechan que el retiro habría sido de $ 11,4 millones, aunque gran parte de ese dinero se habría recuperado. El monto se iba a usar en la producción de la serie "Los amores prohibidos de Manuel Belgrano".

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Los acusados por el fiscal son Alejandro de la Torre, Claudio Lamalfa, Ariel Berliner, Guillermo Siaria, Ernesto Molinero y Adriana Maestri. 

La decisión de convocarlos está en manos del juez Luis Rodríguez. La denunciante es la misma presidenta de la TV Publica, Rosario Lufrano, quien aportó información y evidencia acerca de los retiros de dinero, que según indicó, se hicieron sin la aprobación ni la intervención de la presidencia ni el directorio, en violación de lo que establece la normativa.

El delito tiene una pena de hasta seis años de cárcel y castiga al que “suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar un perjuicio”.

El dinero fue retirado en efectivo los días 2, 4 y 8 de marzo de 2021, por Claudio Lamalfa, en la sucursal del banco que está dentro del canal “por fuera de los pertinentes controles de las autoridades y en contra de las previsiones de las normas que regulan el manejo de dichos fondos”, sostuvo el fiscal.

Con ese dinero, le pagaron a Maestri $1,9 millones por “servicio de realización para el proyecto Los Amores de Belgrano”, sin respaldo contractual y “mediante compra directa, infringiendo con esto último lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de Contrataciones, aprobado por Resolución RTA SE 2/2010, el cual establece que este tipo de operaciones no puede superar la suma de $1,2 millones?.

Maestri, ante el pedido del canal, devolvió $1.155.000 mediante una nota de crédito. Por los restantes $745.000 “presentó una rendición que puede ser objetada a simple vista” pues incluye comprobantes que eran simples “recibos” y no facturas, afirmó el fiscal.

El fiscal consideró que “se vieron beneficiados ellos mismos y terceras personas” y que la “contracara” fue un “perjuicio a las arcas del Estado”.