Senadoras buscan anular prisiones preventivas por corrupción

Un grupo de senadoras del Frente de Todos impulsó un proyecto que, entre otros aspectos, plantea dejar sin efecto la prisión preventiva cuando los medios de comunicación "influyen negativamente en la percepción de inocencia de los acusados" en causas de corrupción.

Se trata de una iniciativa presentada en diciembre último en la Cámara Alta por las senadoras María Eugenia Catalfamo, María Pilatti, Ana María Ianni, Nancy González y Ana Almirón, del Frente de Todos.

Sin embargo, allegados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmaron a Clarín e Infobae que el texto no fue una iniciativa de ella y que no tiene su apoyo.

En uno de sus artículos, la propuesta establece que será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva de personas cuando se verifique la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que "pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución".

Las senadoras justifican en el texto que hubo procesos judiciales por casos de corrupción que fueron "verdaderos linchamientos mediáticos" y que publicaciones de los medios pueden afectar "el principio de inocencia para el afectado".

El proyecto incluye nueve condiciones para solicitar la nulidad de las órdenes de detención o prisión preventiva, y además de la duda del principio de inocencia por la exposición mediática, incluye "el incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso”.

También contiene la anulación ante la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido”.

Las senadoras proponen un "control de convencionalidad" para las preventivas, que implica su anulación cuando no se cumplen estos casos.

Además, el proyecto, que fue girado a  la comisión de Justicia y Asuntos Penales, solicita las mismas disposiciones ante "la intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran conductas o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal”.

Y suma a la “intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal".

La iniciativa fue cuestionada incluso por la abogada de Amado Boudou y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, quien indicó a La Red que tiene "severos problemas en términos penales, desde el artículo primero" y que "no es un proyecto feliz en ninguna de sus causas”.