Sin acuerdo en el Congreso, el Gobierno volvió a prorrogar el Presupuesto 2023

El Gobierno nacional decidió prorrogar, por segunda vez, la vigencia del Presupuesto 2023, luego de que no se lograra avanzar en el debate legislativo correspondiente durante las sesiones ordinarias del Congreso. 

La medida fue oficializada mediante el decreto 1131/2024, publicado en el Boletín Oficial, y estará vigente a partir del 1° de enero de 2025.

El decreto establece que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (N° 24.156), se mantendrán las disposiciones de la Ley N° 27.701 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, junto con sus normas complementarias y modificatorias. La resolución también remite al Decreto N° 88 del 26 de diciembre de 2023.

Además, el Ejecutivo encomendó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la tarea de “adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga”. En los considerandos, argumentó que "dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2024, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones necesarias", por lo que estas modificaciones serán implementadas más adelante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Gobierno justificó esta decisión al destacar la necesidad de "asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional". En este sentido, se dispuso prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del ejercicio 2024.

Desde que asumió la presidencia, Javier Milei ha mantenido en vigor el Presupuesto 2023, adaptándolo a las prioridades de su plan económico y de ajuste fiscal. Sin embargo, a pesar de los acuerdos alcanzados en otros temas legislativos durante este año, la discusión sobre el Presupuesto 2025 generó fuertes tensiones, dejando las negociaciones completamente estancadas.

Con esta prórroga, el Gobierno busca garantizar la operatividad del Estado mientras persisten los desacuerdos políticos en torno a la definición del próximo esquema presupuestario.