Sin acuerdo, pospusieron la audiencia entre Nación y CABA

Por la Ciudad de Buenos Aires, asistieron el Procurador Gabriel Astarloa, el ministro de Hacienda, Martín Mura, y el secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro; en tanto que por el Estado nacional fueron los abogados del Ministerio de Economía Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson.

Sobre el contenido de la audiencia, tanto desde el Gobierno de la Ciudad como desde la Nación se mantuvieron muy herméticos pues hubo acuerdo en el acto para no filtrar lo conversado hasta que se lleve a cabo el nuevo encuentro de mayo.

La Corte asumió la competencia en el tema al desestimar un planteo hecho el pasado martes por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que reclamaba la incompetencia del alto tribunal, al negarle -además- el rango de autonomía a la Capital Federal, tal cual lo tienen las provincias.

"El presente no es un caso sujeto a la jurisdicción originaria de excepción prevista por el artículo 117 de la Constitución Nacional, pues la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una Provincia conforme lo exige la norma", fundamentó Zannini, cuyo planteo fue desestimado por la Corte.

Los jueces de la Corte no tienen plazos para definir el planteo interpuesto por la Ciudad, y lo harán luego de la nueva audiencia.

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El encuentro de este miércoles se dio en medio de la otra pelea entre la Nación y la Ciudad por la vuelta a las clases presenciales que pretende el Gobierno porteño luego de que el Presidente las suspendiera por 15 días a raíz del crecimiento de casos de coronavirus, un tema que también está pendiente de resolución en la Corte Suprema.

El decreto firmado por el Presidente en septiembre pasado le quitó a la Ciudad el 1% de la coparticipación que percibía hasta el momento para destinarlo a la provincia de Buenos Aires con el fin de dar respuesta al reclamo salarial que en ese entonces llevaba a cabo la Policía Bonaerense.

El argumento del Gobierno nacional para tomar la medida fue que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri se le otorgó a la Ciudad un incremento de la coparticipación (que pasó del 1,4% al 3,7%) para sustentar los gastos del traspaso de la Policía Federal que excedía lo necesario.

La administración de Rodríguez Larreta decidió presentar un amparo ante la Corte Suprema contra esa medida, por considerar que afectaba los recursos de la Ciudad y desacomodaba, además, el presupuesto fijado para ese año.

El decreto firmado por el Presidente dispuso que el coeficiente que recibía la Ciudad bajara del 3,5% que mantenía desde 2018 (tras el 3,7 inicial establecido en 206 por Macri) al 2,32%.

Esa masa de recursos sufrió meses después un nuevo recorte a partir de la ley aprobada por el oficialismo en el Congreso para concluir con el proceso de traspaso de las funciones de seguridad de la Nación a la Ciudad, que impuso otro punto más de recorte.