Valoran que la reforma judicial tiene perspectiva de género

En su disertación virtual ante senadores nacionales, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, valoró que el proyecto de reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo incorpora la "perspectiva de género".

Ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, la funcionaria destacó que el artículo 16 el anteproyecto "establece que el Consejo de la Magistratura procederá a elegir las listas de los magistrados y las magistradas respetando la diversidad de género en la selección".

Deberá valorarse la perspectiva de género al momento de las oposiciones

A su vez, mencionó que el artículo 37 sobre el proceso de selección de magistrados y magistradas, indica explícitamente y con carga imperativa que "deberá valorarse la perspectiva de género al momento de las oposiciones".

A la hora de los argumentos, Gómez Alcorta explicó que en su composición actual, los organismos de Justicia "dan cuenta que los procesos de selección de los magistrados y autoridades están fuertemente sesgados en función de género, y no permiten el acceso a los cargos en igualdad de condiciones".

Lamentó que tampoco esté contemplada actualmente una formación en perspectiva de género para los candidatos, y según afirmó, esto "muchas veces se ve reflejado después en los resultados de las sentencias que desconocen manifiestamente derechos fundamentales de las mujeres y de las diversidades".

Muchas veces se ve reflejado después en los resultados de las sentencias que desconocen manifiestamente derechos fundamentales de las mujeres y de las diversidades

Luego, la ministra repasó estadísticas oficiales que dejan en evidencia la desigualdad de género en la integración de los organismos del Poder Judicial.

Según datos del 2019 de la Oficina de la Mujer el 56% de quienes integran el Poder Judicial son mujeres, aunque el grueso de ellas "se concentra en los escalones inferiores e intermedios, y a medida que se asciende en la pirámide se ve reducida esa participación", explicó.

"Lo mismo sucede cuando vamos a los números de la Procuración General de la Nación o de la Defensoría General de la Nación", acotó.

Y precisó que en los juzgados federales de todo el país, el 79% de los titulares son varones y sólo el 21% mujeres, mientras que en los tribunales federales orales el 79,2% son varones y el 20,8% mujeres.

La misma cifra se repite prácticamente en las fiscalías con una distribución del 79,8% (titulares hombres) y 20,2% (titulares mujeres), al tiempo que los defensores oficiales son en un 71% varones y un 29% mujeres, puntualizó.

Luego citó casos paradigmáticos como el de la Cámara Federal de La Plata que tiene 20 jueces federales hombres y ninguna jueza mujer, o la situación en Salta con 11 fiscales varones y ni una mujer.

Existen barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de mujeres en espacios de mayor jerarquía y toma de decisiones

"Esta información estadística nos demuestra la existencia de barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de mujeres en espacios de mayor jerarquía y toma de decisiones", explicó.

Y añadió que "estas barreras invisibles que nos impiden a las mujeres avanzar en nuestras carreras profesionales se denomina "techo de cristal".

Sobre las razones que llevaron a este cuadro de situación desfavorable para las mujeres, lo atribuyó a "los estereotipos de género que impregnan las culturas institucionales de la organización judicial".

"Se entiende que hay determinadas tareas apropiadas para varones y tareas apropiadas para la mujer. Claramente la penal históricamente ha sido asociada como una tarea masculinizada", señaló.

Claramente la tarea penal históricamente ha sido asociada como una tarea masculinizada

Para la ministra, a fin de "revertir estos patrones es fundamental el diseño de políticas institucionales para la igualdad de género que apunten a la inclusión de las mujeres y la población LGTB".

"Se deben transformar algunos aspectos estructurales que sostienen al sistema de justicia actual, el cual no sólo está demostrado que es ineficaz para dar respuesta a grupos históricamente oprimidos sino que también reproducen la violencia, la discriminación a través de prácticas burocráticas", concluyó.

Además de Gómez Alcorta, participaron como oradores invitados en el plenario de comisiones del Senado la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky; el fiscal en lo Criminal y Correccional Federal Carlos Rívolo (presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal); y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez (uno de los integrantes del consejo asesor creado por el Poder Ejecutivo para impulsar cambios en la Justicia).

También fueron de la partida Jorge Rizzo, de Espacio Gente de Derecho del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, intervinieron en el debate por videoconferencia la fiscal de los Tribunales Federales de Comodoro Py Gabriela Baigún; el presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón; y la fiscal Mónica Cuñarro.