Vicentin: el Gobierno quiere que decida la Justicia porteña

El Gobierno nacional pidió este lunes a la Justicia porteña resolver sobre la intervención de la cerealera Vicentin y calificó de "arbitrario" el fallo del magistrado de Santa Fe, quien tramita la convocatoria de acreedores de la compañía e impidió aplicar esa disposición gubernamental.

A través de un complejo entramado judicial, el Ejecutivo nacional pidió que el caso sobre la intervención de la compañía pase al fuero Contencioso Federal de Buenos Aires y que allí se dirima la cuestión.

De este modo, sin quitarle al juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, el proceso de convocatoria de acreedores de la cerealera, el gobierno de Alberto Fernández pretende que la Justicia porteña habilite el decreto presidencial que dispuso la intervención, pero nunca llegó a efectivizarse.

El cuestionamiento está dirigido hacia la resolución adoptada por Lorenzini el 19 de junio ultimo, por la cual no se expidió sobre la supuesta inconstitucionalidad de ese decreto, pues se declaró incompetente, pero ordenó restituir al directorio y mantener sólo como veedores a los funcionarios nombrados por el Gobierno nacional.

El magistrado dijo que carecía de competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de Fernández, pedido que había sido formulado por uno de los acreedores de la compañía.

La presentación fue hecha ante la jueza María Alejandra Biotti, que giró el caso al fiscal Fabián Canda, para que opine sobre la habilitación de la feria y si es viable o no el pedido del Gobierno.

"Si el magistrado del concurso se declaró incompetente para entender en la demanda de inconstitucionalidad, va de suyo que también lo es para atender la petición cautelar", indicó.

Sostuvo que "lo incoherente, contradictorio y arbitrario de su decisorio radica también en que, aun cuando se declaró incompetente para tartar la inconstitucionalidad del acto impugnado, lo cierto es que igualmente lo hizo al privar apresurada e infundadamente de efectos al DNU N° 522/20 -una norma, se reitera, de rango legal- sin dar lugar a la bilateralización y defensa del Estado Nacional", explicó el Ejecutivo en la presentación.

Lo que busca el Poder Ejecutivo es la inhibitoria por parte del juez de Reconquista, quien dictó la medida cautelar, pero paralelamente se declaró incompetente para resolver el pedido de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Gobierno.

"Lo más grave es que el magistrado interviniente soslayó que el DNU, como tal, es ley en sentido material y goza de presunción de constitucionalidad", sostuvo el Ministerio de Desarrollo Productivo.