El Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6 Córdoba) envió una carta a diputados y senadores de esa provincia manifestando una profunda preocupación por el proyecto de ley de expropiación de las empresas del Grupo Vicentin impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
En primer lugar, el comunicado indica que “se estarían obviando los pasos legales previstos en la normativa vigente, donde es derecho y garantía de la empresa acudir a los mecanismos de la Ley nacional de Concursos y Quiebras y, por lo tanto, el marco de tratamiento de su problemática debería ser el seno del Poder Judicial”.
En segundo lugar, “constituye una señal negativa para el resto de los actores económicos, tanto internos como externos, en el sentido de violentar las reglas institucionales y marcos de regulación propios de los negocios, poniendo en vilo la confianza y la seguridad jurídica, tan necesarias para la inversión y el desarrollo económico. Asimismo, genera importantes desincentivos a la inversión privada, elemento clave para lograr la reactivación económica de nuestro país, especialmente en el actual contexto”.
Por último, el G6 Córdoba señala que existe una gran cantidad de ejemplos donde las empresas controladas por los Estados, en este caso el nacional, son ineficientes, generan abultados déficit que luego se deben financiar con recursos estatales y porque afectan la competitividad de los sectores en los que participan.
“Hacemos un fuerte llamado a su función como representante de los intereses de los habitantes de la provincia de Córdoba, para contribuir a una discusión responsable, racional y constructiva y por tanto que se impida el progreso de una iniciativa como la aquí analizada”, finaliza la misiva.
La carta está firmada por Ezequiel Cerezo, presidente de la Federación Comercial de Córdoba; Luis Lumello, titular de la Cámara de la Construcción (Delegación Córdoba); Marcelo Olmedo, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba; Manuel Tagle, titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba; Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba; y José Viale, titular de la Cámara de Comercio de Córdoba.
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Además, desde C20, Grupo Empresarial pyme que representa a más de 20 mil pequeñas y medianas empresas y más de 200 mil puestos de trabajo de Córdoba, manifestaron la profunda preocupación por las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo en relación a la empresa Vicentin.
“Consideramos que este tipo de acciones significan un atropello a nuestros derechos y garantías, y ponen en riesgo la seguridad jurídica de nuestro país”, indica al comienzo el comunicado.
Y añade: “El contexto de emergencia que estamos atravesando no puede servir de excusa para suspender la Constitución Nacional y gobernar por decreto. Los argentinos precisamos que los tres poderes del Estado cumplan con las funciones que le fueron otorgadas y no que se atribuyan nuevos superpoderes”.
“Nos parece una vergüenza que el sector político se lleve por delante, una vez más, a la justicia argentina, así como también un abuso de autoridad por parte de quienes hoy se encuentran a la cabeza del Gobierno Nacional, ya que el anuncio de intervención es ilegal y pasa por encima del Congreso y del Poder Judicial”, apunta.
Señala, también: “¿Qué seguridad tienen hoy las miles de empresas argentinas que se encuentran sobreviviendo a la emergencia sanitaria y a la crisis económica, de que no corren el mismo riego? Este tipo de medidas, innecesarias, peligrosas e inconstitucionales, no hacen más que deteriorar la confianza de los argentinos que día a día apuestan a sacar adelante el país”.
“Desde C20 instamos a los representantes de la provincia de Córdoba en el Congreso de la Nación a rechazar el proyecto de expropiación que será puesto a consideración del mismo, e invitamos a la ciudadanía argentina en general a estar en pie de alerta para exigirle al Estado que se atañe a lo que determina la ley y nos garantice la tranquilidad que necesitamos para poder seguir manteniendo nuestras pymes y sus fuentes de trabajo”, sostiene.
Firman el comunicado la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba, la Cámara de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, la Cámara de Desarrollistas, Profesionales y Afines de la Construcción de Pequeñas Medianas Empresas de la Provincia de Córdoba, la Cámara Empresarial de desarrollistas urbanos Córdoba, la Cámara de Empresarios Repuestos Automotor y Afines de Córdoba, Cámara de Fabricantes de Pastas Frescas y Afines, la Cámara de Ferreterías, Sanitarios, Hierros y Afines, la Cámara de Franquicias de Córdoba, la Cámara de la Industria Eléctrica de Córdoba, la Cámara Informática del Interior, la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, la Cámara Mediterránea de Comercio Electrónico, la Cámara de la Madera, Mueble y equipamiento de Córdoba, la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba, el Centro Industriales Panaderos y Afines de Córdoba, la Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Córdoba, la Federación de Expendedores de Combustibles de Córdoba, y el Foro Productivo de la Zona Norte.
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Críticas de la Cámara de Comercio de Córdoba y de la Unión Industrial local
José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, expresó su rechazo a la intervención de Vicentin y al proyecto de expropiación.
“La empresa está en un proceso de concurso preventivo, bajo jurisdicción judicial. Nos parece completamente ilegal que el Gobierno intervenga en una situación bajó observación judicial”, reclamó.
A su vez, señaló que “aún cuando esto se ajustara a la ley”, es “totalmente contraproducente para los intereses del país”.
Y se dirigió a los legisladores: “Invitamos a las cámaras que actúan en el ámbito productivo a que adhieran a esta posición e instamos a los diputados por Córdoba para que no voten por la expropiación”.
Instamos a los diputados por Córdoba para que no voten por la expropiación
“Implica estatizar endeudamiento privado en un contexto de imposibilidad de honrar sus propios compromisos financieros. Adicionalmente, es contrario a los intereses del sector comercial y de servicios, ya que la fundamentación de tal proyecto es potencialmente extensible a cualquier empresa con dificultades financieras y/o considerada estratégica para el Gobierno de turno”, cuestionaron en un comunicado.
El comunicado completo de la Cámara de Comercio de Córdoba
Posición Cámara de Comercio de Córdoba respecto a la expropiación de Vicentin
La Cámara de Comercio de Córdoba, en su carácter de representante de los intereses de miles de empresas comerciales y de servicio que, en la provincia de Córdoba, generan alrededor del 60% del empleo y su valor agregado, quiere expresar de manera inequívoca su posición con relación a la intervención de la empresa Vicentin por parte del Poder Ejecutivo Nacional y al anuncio del envío al Honorable Congreso de la Nación de un proyecto de ley para proceder a su expropiación.
La Cámara de Comercio de Córdoba se opone, sin ningún tipo de excepción, a cualquier decisión que viole los preceptos constitucionales establecidos en sus artículos 17 y 29, que dicen textualmente:
Artículo 17: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública deber ser calificada por ley y previamente indemnizada . . . Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descrubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino”.
Artículo 29: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Consecuentemente, la entidad se opone a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir por Decreto de Necesidad y Urgencia a una empresa privada, cuyos derechos están expresamente protegidos por la Constitución Nacional, desconociendo, además, la actuación del Poder Judicial en el proceso de concurso preventivo que venía sustanciándose según lo establecido por la legislación vigente.
En cuanto al proyecto de ley de expropiación anunciado por el Poder Ejecutivo Nacional, la posición de la Cámara de Comercio de Córdoba es que el mismo es perjudicial para los intereses del Estado Nacional, ya que implica estatizar endeudamiento privado en un contexto de imposibilidad de honrar sus propios compromisos financieros. Adicionalmente, es contrario a los intereses del sector comercial y de servicios, ya que la fundamentación de tal proyecto es potencialmente extensible a cualquier empresa con dificultades financieras y/o considerada estratégica para el Gobierno de turno. No menos importante, entendemos que es perjudicial para todos los argentinos, especialmente para los de menores ingresos, ya que dicho proyecto conspira contra las reglas de juego más elementales para impulsar la inversión y la innovación, tan necesarias para generar empleo y bienestar para todos los argentinos.
Por estos motivos, invitamos al resto de las entidades vinculadas a la producción y el empleo a oponerse terminantemente a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional e instamos a los representantes de la provincia de Córdoba en el Honorable Congreso de la Nación, a rechazar el proyecto de expropiación que eventualmente sea puesto a consideración del mismo.
La Cámara de Comercio de Córdoba hace público este comunicado bajo la convicción de que el sector empresario y las entidades que lo representan no pueden ser indiferentes ante cuestiones de tanta importancia para el presente y el futuro de la Nación.
Críticas de la Unión Industrial de Córdoba
A su vez, desde la Unión Industrial de Córdoba difundieron que sienten una “profunda preocupación por “la exposición en que se coloca la seguridad jurídica” en el país y por el “debilitamiento de la calidad institucional”.
“Como generadores de empleo y tomadores de riesgos exigimos que se garantice al principio de legalidad para el desarrollo de las actuales y futuras inversiones, proporcionando confianza y reglas claras para todos”, manifestaron.
En ese sentido, pidieron que sean "los canales habituales y previstos en la normativa" los que se utilicen para remediar cualquier situación de quebranto.
El comunicado completo de la UIC
La Unión Industrial de Córdoba (UIC) manifiesta su profunda preocupación por la exposición en que se coloca a la SEGURIDAD JURÍDICA en nuestro país, en función a los últimos hechos de público conocimiento. Lo actuado genera numerosas dudas sobre el futuro de las operaciones empresarias que debilita una vez más la calidad institucional.
Entendemos que como generadores de empleo y tomadores de riesgos exigimos que se garantice al principio de legalidad para el desarrollo de las actuales y futuras inversiones, proporcionando CONFIANZA y REGLAS CLARAS para todos.
Los sectores productivos como la ciudadanía en general necesitan que los tres poderes del estado con RESPONSABILIDAD, reafirmen su función como lo establece la Constitución de la Nación Argentina, no atribuyéndose nuevos superpoderes, que la historia nos demuestra el impacto negativo que ha generado la desestabilización al principio republicano.
En la actual coyuntura económica, con sucesivos meses de recesión y tras profundas devaluaciones en los últimos años, sin dudas el sector empresario se ha debilitado, contrayendo deuda en dólares con graves complicaciones para afrontarlas.
Por lo cual, desde la UIC solicitamos que sean los canales habituales y previstos en la normativa los que se utilicen para remediar cualquier situación de quebranto que pudiera ocurrir ahora o en el futuro, brindando tranquilidad y seguridad a los hombres y mujeres que apuestan diariamente a la sustentabilidad de las empresas, manteniendo y generando puestos de trabajo genuinos.
