El celular de Coto Medrano y los DNI hallados en Cofyrco mostraron que el joven financista Patricio Carey iba por la cornisa. Y la causa judicial en consecuencia que estaba acorralado: dos ex socios aceptaron haber cometido delitos bajo sus órdenes y fueron condenados. Y él estaba preso y rumbo a juicio soportando una acusación de cinco años de prisión efectiva por operar con dinero narco en las oficinas en pleno centro de Rosario. Pero todo cambió el 2 de enero.
Con la sociedad con la guardia baja post año nuevo y rumbo al mar, el juez Guillermo Llaudet Maza tomó la causa en feria y habilitó el tratamiento aún pese a cuatro claves: 1) audiencia prevista para el 8 de febrero; 2) con Georgina Depetris como camarista designada no cuestionada por las partes; 3) el fiscal natural de vacaciones; 4) y lo hizo para adoptar decisiones de fondo: mandó a Carey a la casa (libertad) y la causa a discutirse entre las cuatro paredes y los pocos recursos de la Justicia Federal al declarar la incompetencia provincial. En definitiva, al freezer.
La resolución deja en un limbo a una investigación avanzada que siguió la ruta del dinero sucio hasta Corrientes y Córdoba, con condenados y el respaldo de varios jueces que intervinieron previamente. Va además contra la decisión de la Corte Suprema de atender en el fuero provincial casos de lavado. Y queda fuera del contexto de combate al crimen organizado y la violencia que atraviesa a Rosario. En definitiva, tiene severas contradicciones y un sólo favorecido: el imputado.
Para el grueso de la sociedad, los argumentos de Llaudet Maza para la libertad de Carey se pierden entre tecnicismos y frases rimbombantes como "el Código Penal no habilita a que un fiscal te meta preso cuando se le da la gana". "Porque «coso»", diría Osvaldo Bazán, que esta semana escribió en el diario El Sol sobre el trasfondo político de los problemas criminales en Santa Fe bajo el título "Mirá pa` acá, bobo".
Pero el juez, de trayectoria judicial y académica, dejó -en lenguaje popular- "todos los dedos marcados": en idéntico caso -recordar cuatro claves- pero con preso sin apellido ilustre, rechazó intervenir en feria porque había audiencia prevista con juez designado no cuestionado por las partes, con el fiscal natural de vacaciones y no era el contexto para tomar decisiones de fondo. El desafortunado se llama Ayrton Farto y su rechazo al tratamiento fue en enero de 2021.
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A pedir de la defensa
Tras pedir la apertura del juicio junto a un pedido de pena de cinco años de prisión, el fiscal Sebastián Narvaja (Delitos Económicos) ordenó la detención de Patricio Carey a la vuelta del Mundial por un apriete a un testigo. La jueza Melania Carrara valoró el hecho como peligrosidad procesal y lo dejó en prisión preventiva por 90 días. Fue el 7 de diciembre pasado.
Los defensores Walter Stramazzo y Gustavo Peirone apelaron y la Oficina de Gestión designó a la camarista Georgina Depetris para el tratamiento. La jueza notificó el 20 de diciembre a las partes de la audiencia para debatir el recurso el 8 de febrero de 2023. Es decir, apenas concluida la feria. Los defensores pidieron evaluar elementos adicionales y el 26 de diciembre la camarista lo aceptó. Todo iba por los carriles normales.
Hasta que todo cambió el 2 de enero, cuando los abogados de Carey pidieron la habilitación de la feria. Y el mismo día tomó intervención el juez Llaudet Maza. Eso permitió que se agende audiencia para el 4 de enero y el 5 esté la decisión en nombre de la Cámara Penal de Rosario: libertad a Carey, incompetencia provincial y argumentos contra la actuación del fiscal.
Llaudet sacó una resolución soñada para cualquier abogado defensor. Y fue, como se explicó antes, en plena feria, con otro juez ya designado, en ausencia del fiscal natural, y con audiencia fijada para febrero. En el Caso Farto rechazó intervenir con esos mismos argumentos que ahora validó. "¿Qué razones dio para explicar el porqué de este giro en su criterio? Ninguna", plantea la Fiscalía, que apeló y recusó al juez por temor fundado de falta de imparcialidad.
Junto a un pedido de investigación administrativa acompañado por la fiscal regional María Eugenia Iribarren, esa recusación se presentó en febrero y está en tratamiento del propio Llaudet Maza, que por ese motivo se excusó de formular declaraciones a Cadena 3.
