Crimen de Susana Montoya: cuál es el objetivo de la "reparación de legajos"

El asesinato de Susana Beatriz Montoya, ocurrido el pasado 1 de agosto en la ciudad de Córdoba, puso en el centro de la atención pública un caso vinculado a la historia de la dictadura en la capital provincial.

La fiscalía que tiene a cargo la investigación del crimen acusa a Fernando Albareda de haber asesinado a su madre en un contexto que involucra una reparación histórica por el legajo de su padre, un subcomisario desaparecido durante el terrorismo de Estado.

El fiscal Juan Pablo Klinger sostiene que el crimen se produjo a raíz de una suma de dinero relacionada con la reparación histórica que se debía pagar. Esta reparación fue aprobada por la legislatura de Córdoba en marzo del año pasado, tras un consenso unánime.

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La normativa busca corregir los legajos de los trabajadores del Estado para que "quede asentada la detención/desaparición forzosa como fin de su carrera laboral, aun cuando figurasen desvinculados por cualquier otra causa", expresa el despacho emitido por las comisiones de Derechos Humanos, Legislación del Trabajo y Legislación General.

El exlegislador por la UCR, Juan Jure, habló con Cadena 3 y destacó que el objetivo de esta ley era "la reparación de los legajos" de quienes fueron víctimas de la dictadura, asegurando que constara en sus registros que no habían abandonado sus empleos por desidia, sino que fueron desaparecidos.

Fernando Albareda, quien presentó un recurso para acogerse a esta ley, solicitó que se modificara el legajo de su padre para que figurara como desaparecido y no como dado de baja.

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Además, se pidió un ascenso post-mortem a comisario, lo que generó controversia, dado que este ascenso implica una diferencia salarial que podría haber motivado el crimen. 

Jure expresó su confusión respecto a la aplicación de la ley, señalando que "el espíritu era el de reparación en los legajos de quienes habían sido víctimas de desaparición".

Sin embargo, el ascenso post-mortem podría haber tenido consecuencias financieras significativas, lo que plantea serias interrogantes sobre la ética de la decisión tomada por el Gobierno provincial.

"No quiero prejuzgar una situación en la que no tengo todos los elementos donde seguramente quienes han tomado la decisión deben haberlo podido analizar con mayor profundidad. Vuelvo a decir, el espíritu era el de reparación en los legajos de quienes habían sido víctimas de desaparición en tiempos de la dictadura. Ese era el espíritu, esa era la ley", concluyó Jure.

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Entrevista de Miguel Clariá.